Andrea Montalvo, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), explicó, ante los miembros de la Comisión de Educación, los cambios realizados en el Reglamento a la Ley de Educación Superior.
Informó que las modificaciones se enmarcan en el respeto a la autonomía de las universidades. Señaló que el test transformar suponía un obstáculo para el ingreso a la universidad y por ello ahora cada institución de educación superior (IES) tendrá la potestad de determinar y aplicar los mecanismos que considere pertinentes para el ingreso, incluso pueden admitir estudiantes solamente con la nota de grado.
Indicó que la Senescyt brindará acompañamiento previo y posterior a las universidades, y verificará, a través de una plataforma, que el proceso de postulación se lleve de manera correcta en función del mérito, igualdad de oportunidades y cumplimiento de las políticas de acción afirmativa.
Sobre las reformas al financiamiento, mencionó que las instituciones de educación superior no tienen fines de lucro y se mantiene la facultad de crear empresas publicas. Resaltó que las actividades económicas ajenas a la gestión universitarias no se exoneran de tributos, sin embargo, si la universidad contrata por servicios propios si aplica la exoneración.
Destacó que el proceso de admisión a cargo de las universidades no supone un incremento de gastos significativo; sin embargo, para el 2023 habrá un incremento de presupuesto asignado a cada institución.
Por su parte, Cecilia Santana, subsecretaria de Universidades de la Senescyt, resaltó que el proceso de nivelación es fundamental para garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas, por ello, este ítem será un indicador para la asignación de recursos.
En otro orden, dentro del análisis de las reformas propuestas a la Ley Orgánica de Educación Superior, los comisionados escucharon a Paúl Medina, consejero académico de Consejo de Educación Superior (CES); Cecilia Santana, subsecretaria de Universidades de la Senescyt; Nicolay Samaniego, rector de la Universidad Nacional de Chimborazo; y, Washington Guevara, vicerrector de la Universidad de Milagro, quienes emitieron sus criterios respecto a la fórmula de asignación presupuestaria.
Al respecto los asambleístas coincidieron que la educación requiere un compromiso del gobierno para otorgarle de manera oportuna la inversión económica que la universidad pública necesita.