El martes 02 de agosto de 2022, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura informó que la Audiencia de Apelación por la vulneración a los derechos de la naturaleza y la falta de consulta ambiental del caso Intag se retomará el 21 de septiembre, es decir, dos meses después de su suspensión.
La Acción de Protección busca proteger tanto a las especies en peligro de extinción como a las comunidades humanas violentadas en su derecho a consulta. Todo, en aplicación de los artículos 73 y 398 de la Constitución.
Las comunidades de Intag exigen a la justicia constitucional que se deje sin licencia ambiental a la concesión minera Llurimagua que pone en serio riesgo a Intag, su biodiversidad y sus comunidades humanas y no humanas y se reconozca que nunca se realizó una consulta ambiental, previa, libre e informada, sobre el impacto que el proyecto generaría en la zona. Exigen al Estado que cumpla con su deber fundamental de proteger derechos y deje de ser agente de extinción de especies y destrucción de vidas y de la naturaleza.
SOBRE EL CASO :
El proyecto Llurimagua se encuentra en la zona de Intag, Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, donde se ha librado la resistencia más antigua a un proyecto minero, iniciando en 1995. En el 2014, las empresas Enami y Codelco ingresaron violentamente a la concesión minera con el apoyo de cerca de 400 policías de grupos élites y el ejército, después de ser rechazada su presencia en las comunidades. Las empresas construyeron su campamento minero en un bosque comunitario utilizado para el turismo ecológico resguardado por la policía. El proyecto se ha suspendido desde el 2018 por varias razones, incluyendo estudios de impacto ambiental inadecuados, acciones constitucionales para salvaguardar los derechos de especies en peligro crítico de extinción, y el continuo rechazo de las comunidades y organizaciones de Intag.
Las comunidades de Intag llevan casi 30 años luchando contra la actividad minera. El Estado (ENAMI) junto a la empresa chilena Codelco, buscan desarrollar un proyecto minero, a cielo abierto y de gran escala, en los bosques primarios de la zona, que protegen a decenas de especies de animales y plantas y a 43 fuentes de agua. Este proyecto afectaría directamente a decenas de especies endémicas de la zona, que se encuentran amenazadas y en peligro crítico de extinción, y además promoverìa la desaparición y reubicación de varias comunidades.
Un estudio realizado por expertos japoneses también pronosticó contaminación de ríos prístinos con plomo, arsénico y otros metales pesados.
El 24 de septiembre de 2020, la jueza de Cotacachi concedió la acción de protección y medidas cautelares contra el Ministerio de Ambiente y Agua -MAAE. La misma que luego fue anulada. La resolución en primera instancia implicó un triunfo para los derechos de la Naturaleza, pero con la nulidad y negativa de otorgar medidas cautelares ante la inminente extinción de especies, la vulneración continua y el riesgo de extinción de cientos de especies es inminente en uno de los lugares más biodiversos y amenazados del planeta.
El 23 de junio del 2022, el Juez Óscar Alfredo Coba Vayas de la Unidad Judicial Multicompetente de Cotacachi, negó sin ni siquiera convocar a audiencia las Medidas Cautelares solicitadas a favor de la Naturaleza en el valle de Intag.
La demanda de Medidas Cautelares buscaba impedir que se reinicien los procesos de exploración minera en el sector de LLurimagua, debido al grave riesgo que implica este tipo de intervenciones en la biodiversidad de la zona y de manera especial el peligro inminente de extinción que enfrentan las ranas arlequín hocicuda (Atelopus longirostris) y una rana nueva para la ciencia del género Ectopoglossus.
