Ecuador define fecha para Consulta Popular y Referéndum impulsados por el gobierno

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha establecido este 14 de febrero de 2024, el día en que la ciudadanía ecuatoriana acudirá a las urnas para participar en la Consulta Popular y Referéndum propuestos por el ejecutivo. La fecha fijada para este evento democrático es el 21 de abril de 2024.

 

 

El CNE ha programado la convocatoria formal al proceso para el lunes 26 de febrero, dando inicio oficial a las etapas clave del calendario electoral, incluyendo la inscripción de organizaciones políticas que liderarán las campañas a favor o en contra de las preguntas planteadas.

 

 

Este llamado a Consulta Popular se produce tras la convocatoria hecha por el Gobierno Nacional el pasado 9 de febrero, y la subsiguiente aprobación de la Corte Constitucional respecto a las cuatro preguntas de referéndum que buscan enmendar la Constitución.

Las preguntas planteadas en la Consulta, que no requieren cambios constitucionales, abarcan temas de seguridad nacional y reformas penales, incluyendo el control de armamento por parte de las Fuerzas Armadas, incremento de penas para diversos delitos, y procedimientos para la extinción de dominio de bienes.

 

 

Por otro lado, las preguntas de referéndum solicitan la opinión ciudadana sobre enmiendas constitucionales que permitirían la extradición de ecuatorianos, la creación de judicaturas especializadas, la promoción de inversión extranjera y el arbitraje internacional, así como la regulación de contratos laborales.

 

 

Adicionalmente, se incluye una pregunta heredada del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública para combatir el crimen organizado, que requiere una reforma constitucional.

 

 

El proceso electoral de abril marcará un hito en la historia política y social de Ecuador, con la población ejerciendo su derecho al voto para decidir sobre cuestiones cruciales que afectarán el futuro del país en materia de seguridad, justicia, inversión y empleo.

 

Fuente: El Telégrafo