En un fallo emitido la noche del 16 de febrero, la jueza Silvana Solis Escobar desestimó la acción de Medidas Cautelares Constitucionales Autónomas interpuesta por los exconcejales de Ibarra, Ramiro Páez Valencia, Betty Romero Tituaña, Juan Manuel Mantilla y Cesar Pérez Yacelga, contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Ibarra. La acción legal buscaba detener la venta del terreno municipal adyacente al parque Ciudad Blanca, un emblemático espacio verde de la localidad.
La decisión judicial resalta que, para que el procedimiento de venta haya avanzado a la etapa de remate, debió seguir un proceso previo amparado bajo la normativa legal correspondiente, la cual rige el uso de bienes de dominio privado y la autorización para su transferencia. La jueza argumentó que los procedimientos llevados a cabo se ajustaron al marco legal pertinente, invalidando así los argumentos presentados por los exconcejales.
En su sentencia, la jueza Solis Escobar también señaló la aparente intención de los demandantes de desnaturalizar el propósito de las medidas cautelares autónomas, enfatizando que dichas medidas no pueden utilizarse para impedir las funciones asignadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, como es el caso de suspender un remate a través de un concurso de ofertas en sobre cerrado.
Este remate, programado para el 19 de febrero de 2024, se llevará a cabo siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa del GAD Municipal de Ibarra, lo que refuerza la posición de que las acciones gubernamentales dentro de este contexto están debidamente justificadas.
El documento judicial, que se extiende por más de 29 páginas, concluye con la inadmisibilidad de la acción de Medidas Cautelares Autónomas presentada por el Frente de Defensa del Parque Ciudad Blanca. Este fallo marca un precedente importante en cuanto a la venta de propiedades municipales y la aplicación de medidas cautelares en el contexto de decisiones gubernamentales autónomas.
La decisión ha generado diversas reacciones en la comunidad, con algunos sectores apoyando la transparencia y legalidad del proceso, mientras que otros expresan preocupación por el impacto que la venta del terreno pueda tener en el parque Ciudad Blanca y en el bienestar de la comunidad de Ibarra
