La Prefectura Ciudadana de Imbabura, a través de la Dirección General de Género y Derechos, en el marco de la agenda para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, entregó el Centro Warmi Imbabura a las organizaciones sociales y ciudadanía. Lo hizo en un evento público que concentró a autoridades, representantes de entidades públicas, colectivos feministas, organizaciones sociales, mujeres líderes y organizaciones ciudadanas.
En el acto, el prefecto, Richard Calderón, afirmó que esta acción significa cumplir con la palabra comprometida, como parte del plan de trabajo y el caminar por la provincia, en conjunto con la viceprefecta, Paolina Vercoutère Quinche. La autoridad señaló que por más que lo social no sea la principal competencia de la Prefectura, la exclusión y ausencia del Estado y el aumento de la pobreza, ha generado una desprotección en la población que requiere atención.
“Con Paolina siempre coincidimos en una misma visión: atacar las causas estructurales de la violencia y tener un enfoque integral, universal y responsable desde la institucionalidad para hacerlo. La idea de tener un Patronato no encajaba en esta visión, porque la violencia contra la mujer no se soluciona con asistencialismo y prebendas. Y así fue como con la experiencia de la Viceprefecta, al haber pasado por varias instituciones y dirigir proyectos, nació Warmi Imbabura y el contexto en el cual se trabajará”, recalcó.
Lorena Mora, directora de Género y Derechos Humanos, intervino para dar a conocer cifras preocupantes en cuanto a actos de violencia contra la mujer, lo cual hace necesario un trabajo integral para poder erradicarlo. Refirió que, en Ecuador, en el 2023, se registraron 321 femicidios, de los cuales cuatro corresponden a casos ocurridos en Imbabura.
Retrocediendo en el tiempo citó datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres del año 2021, que menciona que 65 de cada 100 mujeres en el país han experimentado por lo menos un hecho de violencia en distintos ámbitos, ubicándose Imbabura en el quinto lugar, entre las provincias con mayores índices de violencia.
El Centro Warmi, explicó, está concebido para ofrecer servicios de primera acogida, acompañamiento psicológico, jurídico y otros tipos de reparación de la mano de un equipo sanador, a través de medicina comunitaria.
Cuenta además con salas de uso comunitario, espacios para talleres y capacitaciones y un centro de coworking, dirigido de manera prioritaria para mujeres víctimas de violencia de género y jóvenes de pueblos y nacionalidades. “El programa marca un referente a nivel nacional, pues es el pionero en atender y acompañar a casos de violencia política, así como a denuncias por discriminación en el acceso a servicios públicos”, manifestó.
Finalmente, la Viceprefecta recordó que más allá de conmemoraciones, se quiere poner sobre la mesa las prioridades en una nación donde cada 24 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Donde cada hora, ocho niños y niñas son abusadas sexualmente, donde el 65 % de los casos de abusos sexual fueron cometidos en la familia, donde solo el 15 % de casos de abuso sexual fue denunciado y tan solo el 5 % sancionado, donde 7 de cada 10 mujeres indígenas o afrodescendientes han sufrido maltrato y racismo en los servicios públicos de salud, donde 3.386 niñas menores de 10 a 14 años se embarazaron, donde hacer política pone en riesgo, porque la justicia no logra entender las dimensiones de la violencia machista y su costo para la democracia.
“Warmi Imbabura es el resultado de la inspiración que tengo por mi madre, del camino recorrido desde hace más de una década con compañeras que me han enseñado el valor central del acompañamiento en los procesos de búsqueda de justicia y reparación. Escuchar a las familias, organizaciones y mujeres activistas que acompañan en las justicias estos casos, marcan el espíritu de los servicios de este centro. Warmi Imbabura surge desde la voz de las mujeres que perdieron la vida porque ni la boleta de auxilio, ni la sentencia logró protegerlas del femicidio, de las que han abandonado la denuncia por no contar con recursos para pagar el patrocinio legal.
De quienes prefieren no acerarse a las oficinas públicas por temor al maltrato y racismo. De las mujeres kichwas que han dejado de confiar en la justicia, porque desconoce la violencia y lo naturaliza a nombre de la tradición”, subrayó.
Concluyó señalando que el 8 de marzo trae esperanza, porque corrobora que es posible cogobernar y sintonizar con las demandas de la población, porque es posible dignificar la política, utilizándola como herramienta para transformar el Estado y a la sociedad.
