El Estadio Olímpico de Ibarra está el epicentro de un intenso debate de sobre su propiedad, generando incertidumbre tanto en la comunidad deportiva local como en los ciudadanos de la ciudad, aunque sus puertas permanecen abiertas y sus actividades continúan. Este embrollo legal y administrativo tiene su origen en las disputas entre el Municipio de Ibarra y la Prefectura de Imbabura sobre quién tiene la titularidad sobre este importante complejo deportivo.
El origen del conflicto se remonta a la inauguración del estadio en 1988, donde el Municipio de Ibarra, la Prefectura de Imbabura y la Federación Deportiva de Imbabura se establecieron como responsables del suelo, la infraestructura y la gestión del estadio, respectivamente. La situación se complicó en 2017, cuando el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, cuestionó un acuerdo tripartito firmado en 2009 que reconocía a la Prefectura como propietaria del escenario deportivo, atribuyendo al municipio la propiedad del terreno y delegando en la Federación la administración del complejo.
La Prefectura de Imbabura tachó de ilegal la postura del alcalde Castillo, argumentando que la figura de bien mostrenco, empleada por este último para reclamar la propiedad del estadio, se aplica exclusivamente a bienes privados y no a propiedades de uso público. Además, este mismo fundamento llevó al municipio a despojar a la Federación Deportiva de Imbabura de la gestión del estadio, desatando el descontento entre los deportistas y demás miembros de la comunidad.
En respuesta a este panorama, el prefecto, Richard Calderón, se pronunció sobre este impasse y aseguró que buscará una solución transparente y abierta al conflicto, garantizando la continuidad de los servicios que ofrece el estadio mientras se resuelve la disputa patrimonial.
Según la Prefectura existen tres hechos fundamentales acerca del Estadio Olímpico de Ibarra: su propiedad pertenece a la Prefectura de Imbabura gracias a la financiación de su construcción; el terreno sobre el cual se asienta es de dominio público, administrado por el GAD Municipal de Ibarra; y la Federación Deportiva de Imbabura, designada administradora desde julio de 2009, detenta la experiencia necesaria para mantener la gestión del escenario.
Por su parte el Municipio de Ibarra asegura que la propiedad del escenario deportivo les pertenece porque el terreno sobre el que está construido es un espacio municipal por lo que la cesión de la administración del estadio a la Asociación de Fútbol de Imbabura, AFI, es completamente legal.
