Lucía Posso, Asambleísta por Imbabura, ha anunciado mediante sus redes sociales el inicio de un proceso de fiscalización hacia el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Zona 1, debido a la falta de pagos a entidades cooperantes encargadas de sostener programas sociales estatales.
La fiscalización se origina tras varios meses de deudas que el MIES mantiene con diversas Fundaciones y Corporaciones, responsables de programas sociales dedicados a la atención de la infancia, adultos mayores y otros grupos a lo largo del ciclo de vida. Estas entidades, a su vez, han acumulado impagos a su personal, incluyendo educadoras, cuidadoras, guardias y personal administrativo.
La situación ha sido calificada como inaceptable por la Asambleísta, quien destacó el impacto negativo en cientos de familias imbabureñas que han dejado de recibir sus remuneraciones durante meses. «No permitiré que Imbabura sea tratada como una provincia olvidada», manifestó Posso, expresando su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y la eficiencia de los servicios sociales en su región.
Como parte del proceso de fiscalización, se ha enviado un oficio de requerimiento de información directamente a la ministra del MIES. Dicha solicitud exige una respuesta dentro de un plazo de 10 días, durante los cuales la ministra deberá abordar y clarificar la situación de las entidades cooperantes en la Zona 1.
Este proceso busca no solo resolver la problemática de los impagos, sino también asegurar la sostenibilidad y efectividad de los programas sociales que dependen de estas entidades para su operación. La Asambleísta Posso se posiciona, así como una figura clave en la lucha por la transparencia y la justicia social en Imbabura.
