Este viernes 21 de junio, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la convocatoria para el Proceso de Auditorías de las Organizaciones Políticas de cara a las Elecciones Generales 2025.
Entre el 24 y el 28 de junio de 2024, los partidos y movimientos políticos que están habilitados para participar en los próximos comicios tendrán la oportunidad de inscribir a un auditor y su respectivo suplente.
Las inscripciones serán recibidas de manera presencial tanto en la Secretaría General del CNE como en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y en las oficinas consulares de Ecuador en el exterior.
Según lo estipulado en la convocatoria, el proceso de auditoría comenzará oficialmente con un taller de inducción dirigido a los auditores que hayan sido calificados y acreditados por el CNE.
Este evento está programado para el lunes 15 de julio, a las 10:00 horas, y se llevará a cabo en el Auditorio Matilde Hidalgo del Consejo Nacional Electoral.
La decisión de implementar este proceso de auditoría surge como una medida para asegurar la transparencia y la integridad de las Elecciones Generales 2025, permitiendo que diversos actores políticos participen activamente en la evaluación de los procesos operativos y de los sistemas internos del órgano electoral.
Esta iniciativa es parte de los esfuerzos continuos del CNE para fortalecer los mecanismos de control y garantizar que las próximas elecciones se desarrollen en un marco de legalidad y equidad.
El CNE ha expresado su compromiso con la mejora continua de los procesos electorales y la inclusión de todas las voces políticas en el país, destacando la importancia de una auditoría efectiva como herramienta fundamental para el fortalecimiento de la democracia en Ecuador.
Además, se ha hecho un llamado a todas las organizaciones políticas para que participen activamente en este proceso y contribuyan al desarrollo de unas elecciones libres, justas y transparentes.
Con la realización de este taller y la posterior auditoría, se busca no solo verificar la adecuada administración y funcionamiento del sistema electoral, sino también responder a las expectativas de la ciudadanía respecto a la confiabilidad de los resultados electorales.
El proceso está diseñado para ser un componente crítico en la construcción de confianza en las instituciones democráticas del país.