El sábado 22 de junio de 2024, se consumó un acto de violencia en el cantón Antonio Ante, donde una mujer servidora policial perdió la vida a manos de su pareja, dejando huérfana a una menor de edad.
Este lamentable incidente subraya la preocupante estadística de Imbabura como la quinta provincia con los mayores índices de violencia basada en género en el país, con cuatro casos registrados en 2024.
Durante una transmisión en Facebook Live el domingo 23 de junio, la Viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère Quinche, abordó la necesidad de mejorar la salud mental de los servidores policiales, enfatizar la sensibilización en temas de género en su formación profesional y establecer protocolos específicos para este tipo de casos.
La Viceprefecta expresó su solidaridad hacia la familia de la víctima, reconociendo que ninguna medida de reparación legal o económica puede compensar la pérdida de un ser querido.
Se destacó el trabajo realizado desde el proyecto Warmi Imbabura, que se centra en la prevención, atención, acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, Vercoutère Quinche criticó la falta de responsabilidad real desde el ministerio rector de la Policía Nacional para asegurar una formación adecuada en temas de género entre los servidores policiales.
La fundación Aldea reveló que en 2023 se cometieron 321 femicidios en Ecuador, dejando más de 190 menores huérfanos. En los primeros cinco meses de 2024, se reportaron 108 mujeres asesinadas por razones de género.
Guayas lidera la lista con 25 casos, seguido por Manabí y otras provincias. A pesar de las alarmantes cifras, 18 de las 108 mujeres asesinadas habían reportado violencia previa, y al menos 3 contaban con medidas de protección.
La Viceprefecta también hizo un llamado al Ejecutivo para que se pronuncie sobre la Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Familiares de Víctimas de Femicidio y Otras Muertes Violentas por Razones de Género, aprobada el 28 de mayo de 2024 y pendiente de promulgación.
Esta ley busca asegurar una reparación integral a los familiares de las víctimas, no solo a los hijos e hijas, sino también a las madres que suelen quedarse al cuidado de sus nietos.
Además, se enfatiza la obligatoriedad del llamado «bono de orfandad» que desde 2019 ha sido entregado a 497 niñas, niños y adolescentes afectados por estos crímenes. Al día de hoy, 457 personas continúan recibiendo este apoyo.
La Viceprefecta concluyó reafirmando el compromiso del gobierno local para continuar trabajando por un Ecuador libre de violencia de género, donde todas las mujeres puedan vivir sin miedo.