Dos Policías Bajo Investigación por Ejecución Extrajudicial

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Juan Carlos T. B. y Jaime A. A., dos policías en servicio activo, fueron sometidos a medidas cautelares, dictadas por el juez encargado del caso, que incluyen el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país.

 

 

Ambos están siendo procesados por su presunta participación en el delito de ejecución extrajudicial, relacionado con la muerte de un ciudadano colombiano de 33 años.

 

 

El incidente bajo investigación ocurrió en el año 2015, cuando la víctima, supuestamente en estado de ebriedad, fue detenida por los policías tras haber roto el vidrio de un vehículo y causado un escándalo público.

 

 

Posteriormente, fue visto en compañía de los policías antes de su desaparición, reportada por su pareja días más tarde. Cinco días después de su desaparición, el cuerpo de la víctima fue encontrado en estado de putrefacción en la laguna de Yahuarcocha.

 

 

La implicación de los agentes en este caso ha llevado a que se les procese por el delito de ejecución extrajudicial, tipificado en el artículo 85 del Código Orgánico Integral Penal, sancionado con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Además de las medidas cautelares de grillete electrónico y restricción de salida del país, los policías deben presentarse periódicamente ante la autoridad competente como parte de las condiciones impuestas por el juez.

 

 

La Fiscalía, que lleva el caso, cuenta con evidencia clave como los resultados de la necropsia realizada a la víctima y un informe pericial denominado “Pericia físico-comparativa en cuanto al procesamiento, sistematización, levantamiento de datos, ejecución de cálculos y recreación”.

 

 

Estos elementos son fundamentales para continuar con el proceso judicial y esclarecer los hechos que condujeron a la trágica muerte del ciudadano colombiano.

 

 

Este caso subraya la importancia de la rendición de cuentas y el escrutinio de las acciones policiales, especialmente en situaciones que involucran la aplicación de la fuerza y posibles abusos de autoridad.

 

 

La comunidad y las autoridades judiciales siguen atentas al desarrollo de este proceso, esperando que se haga justicia y se clarifiquen las circunstancias que rodearon el lamentable suceso.