El Pleno del Consejo de la Judicatura ha resuelto por unanimidad la nulidad insanable parcial del Concurso Público de Oposición y Méritos, Impugnación y Control Social para la Selección y Designación de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), específicamente desde la fase del examen de confianza.
La decisión fue tomada tras adoptar las recomendaciones de la Dirección General y las Direcciones Nacionales de Talento Humano, Transparencia de Gestión, Administrativa, de Asesoría Jurídica y la Escuela de la Función Judicial. Esta acción se fundamenta en el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el artículo 9, número 15, de la Resolución No. 064-2024 del 19 de marzo de 2024, que establece la obligación de actuar ante la detección de anomalías.
Como resultado de esta resolución, se anuló la aprobación del informe correspondiente a la fase del examen de confianza y se estableció un plazo de 15 días para que la Dirección de Talento Humano realice los ajustes administrativos y normativos necesarios. Además, se debe implementar una nueva metodología y otros instrumentos que permitan la continuación del concurso, incluyendo la modificación del cronograma general.
En adición a estas medidas, se instruyó a la Dirección General para solicitar a la Contraloría General del Estado la realización de un examen especial a la fase del examen de confianza del concurso. También, se encomendó a la Dirección Nacional de Transparencia y la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, dentro de sus competencias, la realización de las investigaciones pertinentes.
Mario Godoy, titular del Consejo de la Judicatura, enfatizó que esta decisión está respaldada por la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. «El Consejo de la Judicatura reafirma su compromiso con la transparencia, independencia e imparcialidad. Nuestra responsabilidad es garantizar que los procesos de selección sean justos y seguros para todos», señaló.
Este paso refleja el empeño del Consejo de la Judicatura por preservar la integridad y la confianza en los procesos judiciales, asegurando que las designaciones en los cargos más altos del sistema judicial se realicen de manera justa y conforme a derecho.