El Observatorio del Deporte Ecuatoriano (ODDE), en conjunto con exentrenadores y excolaboradores del Comité Paralímpico Ecuatoriano, han denunciado la existencia de una presunta estructura de corrupción dentro de dicho comité. Según las acusaciones, dicha estructura tenía como objetivo reclutar atletas convencionales y trasladarlos al deporte paraolímpico.
La denuncia surgió a raíz de llamadas de decenas de padres de familia y deportistas con discapacidad intelectual, quienes manifestaron su frustración al no poder integrarse al Plan de Alto Rendimiento y representar al país en competencias internacionales. Los denunciantes señalaron que los atletas involucrados en esta presunta red provienen del Valle del Chota y que habrían migrado del deporte convencional al paralímpico, a pesar de no cumplir.
Según los registros de la Federación Deportiva del Carchi, a los cuales tuvieron acceso PRIMICIAS, los atletas en cuestión no obtenían buenos resultados en el deporte convencional, pero tras su incorporación al deporte adaptado, empezaron a destacarse en los podios. Diego Arteaga, metodólogo de la Federación Deportiva del Carchi, afirmó que la mayoría de estos deportistas completaron su desarrollo bajo su supervisión, sin reportar antecedentes de discapacidad por parte de ellos o sus familias. «No hay ninguna evidencia», sostuvo Arteaga.
Edison Mendoza, coordinador del Observatorio del Deporte Ecuatoriano, explicó que en 2015 los atletas entrenaban en el Centro de Alto Rendimiento de Carpuela cuando miembros del Comité Paralímpico se interesaron por su desempeño y los trasladaron al deporte paralímpico. Siete meses después ya tenían el carné de discapacidad.
Celso Chalá, exentrenador del Comité Paralímpico, reveló a PRIMICIAS que los colaboradores del comité fueron instruidos para enseñar a los deportistas cómo fingir una discapacidad intelectual ante los psicólogos encargados de evaluarlos. Según Chalá, se les indicaba a los atletas que evitaran mirar a los psicólogos a los ojos, que respondieran lentamente y que actuaran de manera desconcertada. «Eso permitía que el psicólogo de por hecho que los chicos tenía discapacidad intelectual. Lo que no se sabía era si el psicólogo también era parte de la estructura. Pertenecía al Centro de Salud de Pimampiro».
El incentivo económico fue uno de los principales factores que motivaron a los deportistas a unirse al deporte paralímpico. Según los denunciantes, Santiago Chango, director técnico del Comité Paralímpico, identificaba a atletas con potencial para obtener réditos deportivos y económicos a corto y mediano plazo. A los deportistas y sus familias se les prometía su inclusión en el Plan de Alto Rendimiento, lo que implicaba viáticos y competencias internacionales.
Los jóvenes, tentados por la posibilidad de ganar entre USD 900 y USD 1.300 inicialmente, y luego hasta más de USD 3.000, se vieron atraídos por el deporte paralímpico. A pesar de la gravedad de las denuncias, el Comité Paralímpico Ecuatoriano, a través de su presidenta Patricia León y el director técnico Santiago Chango, ha rechazado las acusaciones, afirmando que los procesos de clasificación y elegibilidad se realizan de acuerdo a las normas internacionales y que el Comité no interviene en la emisión de carne de discapacidad, responsabilidad que recae en el Ministerio de Salud Pública.
