En una sesión marcada por el debate y la preocupación por la constitucionalidad de la reciente suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que condena la actuación de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.
La resolución, compuesta de siete artículos, fue liderada por la asambleísta Lucía Posso, del partido Avanza, quien calificó la decisión de la ministra como una «aberración jurídica» y una «ruptura del orden constitucional». La moción fue aprobada con 86 votos a favor, 27 en contra y cinco abstenciones, de un total de 118 legisladores presentes.
La resolución establece el rechazo del poder Legislativo frente a la suspensión de Abad a través de un sumario administrativo, al considerarse que esta acción infringe la independencia de los poderes del Estado y atenta contra los principios de legalidad y respeto a la Constitución. Durante su intervención, la asambleísta Posso manifestó que estos actos representan patrones de comportamiento en regímenes autoritarios, afirmando que las dictaduras suelen iniciar con la eliminación de voces opositoras y la manipulación de instituciones públicas para consolidar el poder.
«Las dictaduras en el mundo han comenzado por eliminar a los oponentes políticos y por cooptar los poderes del Estado, con funcionarios que emiten actos administrativos y sentencias deshonestas que sustentan lo indefendible», enfatizó Posso en su intervención. La legisladora cuestionó la rapidez de las acciones de la administración actual, subrayando que inmediatamente después de la suspensión, el presidente Daniel Noboa firmó un decreto designando un reemplazo para la vicepresidenta.
La resolución de la Asamblea también incluyó un llamado a comparecer para la ministra Núñez y otros funcionarios del gobierno, a fin de que rindan cuentas sobre el proceso seguido para la suspensión de Abad. Además, se solicitó una revisión minuciosa del proceso administrativo por parte de las autoridades de control y se exigieron las acciones legales que correspondan en el ámbito de sus competencias.
Durante el debate, Posso destacó que la Constitución establece una ausencia temporal máxima de tres meses para el vicepresidente, una norma que, en su opinión, fue desatendida por el Ministerio del Trabajo al imponer una suspensión de 150 días, excediendo así el plazo permitido.
La Asamblea Nacional subrayó en su resolución que cualquier medida administrativa debe respetar los límites legales y constitucionales. En este sentido, la institución legislativa instó a todas las autoridades a velar por la legalidad y la transparencia en los procesos administrativos que involucran a funcionarios públicos de alto rango.
