La exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, anunció este martes 3 de diciembre de 2024, que no comparecerá al juicio político en su contra, programado para el miércoles 4 de diciembre a las 09:00, en el Pleno de la Asamblea Nacional. El anuncio fue realizado a través de una carta de dos páginas difundida en sus redes sociales, en la que expresó temores por su seguridad y la de su familia.
El juicio político fue impulsado por los bloques de Construye y el Partido Social Cristiano (PSC), y contó con el respaldo del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). La iniciativa surge bajo la acusación de incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis energética que afecta al país. La convocatoria fue oficializada por la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, quien lidera el proceso.
En su carta, Arrobo manifestó que su decisión de no asistir responde al temor de enfrentar “represalias devastadoras” y a preocupaciones por su vida y la de su familia. Indicó que, aunque quisiera dirigirse a los 137 legisladores, las circunstancias actuales no lo permiten.
La exministra afirmó que intentó alertar al Gobierno sobre la gravedad de la crisis energética y las medidas necesarias para mitigarla, pero señaló que su capacidad para informar fue limitada. Además, aseguró poseer pruebas documentales que demostrarían que informó directamente al presidente Daniel Noboa sobre la situación del sector energético.
Arrobo sostuvo que estas pruebas incluyen mensajes en los que insistió en tomar acciones preventivas y en comunicar a la ciudadanía sobre los racionamientos eléctricos. Según su versión, sus propuestas fueron ignoradas y hasta se le prohibió hablar públicamente, lo que incluyó la cancelación de una rueda de prensa que había organizado. “Si le enseño al país los chats entre el Presidente de la República y yo (…) mi vida y la de mi familia habrá acabado”, expresó.
Asimismo, rechazó las acusaciones de paralización de servicios públicos y traición a la patria, argumentando que estas fueron fabricadas para usarla como un «chivo expiatorio». En su comunicado, también señaló que la crisis energética fue subestimada por el Gobierno debido a su impacto político en la consulta popular de abril.
El juicio político sigue en pie, mientras el pronunciamiento de la exministra genera debate sobre la responsabilidad de los distintos actores en la crisis energética que atraviesa el país. La Asamblea procederá con el tratamiento del caso, sin la presencia de la exfuncionaria.
