Una serie de acciones estratégicas es impulsada por el Consejo de la Judicatura (CJ), a través de la vocal Yolanda Yupangui, con el propósito de garantizar un acceso ágil y oportuno a la justicia mediante la optimización en la entrega de citaciones judiciales. Especial atención es brindada a procesos relacionados con niñez, adolescencia, violencia contra la mujer y el núcleo familiar.
Como resultado del trabajo coordinado con la Función Ejecutiva, el 12 de febrero de 2025 fue publicado en el Registro Oficial el Acuerdo Ministerial Nro. MDI-DMI-2025-0006. A través de este acuerdo, se dispuso por parte del Ministerio del Interior que la Policía Nacional, mediante la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) y las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), acompañe a los citadores en la entrega de boletas judiciales.
Esta decisión fue tomada tras un diagnóstico nacional realizado por el Consejo de la Judicatura, que reveló que, en 2023, el 43% de las citaciones no fue entregado de manera efectiva debido a factores como la inseguridad en las zonas de notificación, dificultades para ubicar a los demandados, particularmente en casos de violencia de género, y la falta de un mecanismo de apoyo interinstitucional para agilizar estas acciones en casos sensibles.
Las áreas más afectadas por estos problemas de citación son los procesos relacionados con niñez y adolescencia, violencia contra la mujer y el núcleo familiar, alimentos, visitas y tenencia. Por ello, se ha dispuesto que el acompañamiento de la Policía Nacional se implemente exclusivamente en estas materias.
Antes de implementar esta medida, una capacitación será impartida por el Consejo de la Judicatura a los directores provinciales y sus equipos técnicos los días 24 y 25 de febrero. En esta formación, un protocolo especializado será explicado para asegurar la correcta ejecución de las notificaciones con apoyo policial.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral del Consejo de la Judicatura para garantizar que las citaciones no representen un obstáculo en el acceso a la justicia, especialmente en casos donde los derechos de los grupos más vulnerables podrían encontrarse en riesgo.