El proceso se ampara en reformas legales recientes aprobadas por la Asamblea Nacional, que permiten la expulsión de ciudadanos extranjeros privados de libertad, especialmente en casos relacionados con delitos comunes o reincidencia. Una de las disposiciones centrales establece que los deportados no podrán ingresar nuevamente al territorio ecuatoriano durante cuatro décadas.
La medida generó reacción por parte del Gobierno colombiano, que denunció una supuesta deportación masiva sin coordinación previa, a lo que la Cancillería ecuatoriana respondió asegurando que la notificación oficial fue enviada el pasado 8 de julio, y que todas las expulsiones fueron ejecutadas con apego a procesos judiciales individualizados.
Hasta el momento, Migración Colombia ha recibido a más de 400 personas en territorio nacional, y se espera que en los próximos días se complete la recepción del resto del grupo. Algunas de las personas deportadas tenían antecedentes penales o requerimientos judiciales pendientes en Colombia.
Las autoridades ecuatorianas indicaron que este procedimiento se mantendrá como parte de una política penitenciaria destinada a reducir la población carcelaria extranjera, que actualmente representa cerca del 10 % del total de reclusos del país.
