La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) denunciaron este martes la detención arbitraria de al menos 50 personas durante las movilizaciones registradas en Otavalo, calificando los hechos como una grave violación de los derechos humanos.
En un comunicado difundido en sus canales oficiales, la CONAIE señaló que las aprehensiones atentan contra la libertad personal, la integridad física y el derecho a la protesta social, derechos protegidos por la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales. Los detenidos fueron trasladados al Centro de Detención Provisional de Ibarra, según confirmó la organización.
“Exigimos su libertad inmediata y garantías para su integridad. ¡La criminalización no detendrá la lucha legítima del pueblo!”, sostuvo la Confederación.
Por su parte, la UNORCAC rechazó categóricamente las versiones oficiales que vinculan a los detenidos con organizaciones delictivas internacionales como el Tren de Aragua, como se señaló desde el Gobierno en días recientes. La organización afirmó que hasta el momento no se han presentado pruebas ante la justicia que sustenten tales afirmaciones.
UNORCAC exigió una rectificación inmediata o la presentación transparente de evidencias por parte del Estado, así como garantías para la seguridad de las personas detenidas y los manifestantes.
Además, ambas organizaciones enfatizaron que la protesta social es un derecho constitucional, y subrayaron el carácter social, diverso y pacífico de las movilizaciones, en las que participan mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes.
El comunicado de la UNORCAC también llamó a los medios de comunicación a contrastar fuentes y evitar narrativas estigmatizantes hacia los pueblos indígenas. Desde una perspectiva autónoma, ecologista, feminista y antirracista, la organización declaró que:
“La seguridad se construye con diálogo, respeto y justicia social, no con criminalización ni violencia estatal.”
Hasta el momento, las autoridades no han respondido a los señalamientos de las organizaciones. La situación continúa generando tensión en la provincia de Imbabura y en otras regiones del país, donde persisten focos de protesta
