Veinte ciudadanos detenidos durante las protestas registradas este lunes 22 de septiembre en Otavalo enfrentan procesos judiciales bajo la figura de terrorismo. Los hechos estuvieron marcados por violentas manifestaciones que derivaron en la quema de vehículos policiales y particulares, así como en la destrucción parcial del Cuartel de Policía del Distrito Valle del Amanecer.
Los procesados fueron puestos a órdenes de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializadas en Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. De acuerdo con la Fiscalía y el Gobierno, los disturbios no respondieron únicamente a reclamos sociales, sino a “acciones violentas, planificadas y con intención de desestabilizar al Estado”.
La acusación contempla delitos tipificados como terrorismo, cuyas sanciones pueden alcanzar hasta 30 años de cárcel. Según las autoridades, los implicados habrían participado de manera directa en los ataques contra la infraestructura policial y en actos de vandalismo ocurridos en la ciudad.
No obstante, defensores de derechos humanos y sectores sociales advierten que la utilización de esta figura penal podría constituir un intento de criminalizar la protesta social. Juristas sostienen que, si bien se deben investigar los actos violentos, equiparar la resistencia ciudadana con delitos propios de organizaciones criminales armadas puede abrir un precedente riesgoso para las libertades democráticas.
El proceso judicial sigue en curso mientras crece la tensión entre la versión oficial, que atribuye los hechos a acciones de desestabilización, y las voces críticas que insisten en la necesidad de diferenciar entre protesta social y delitos de alto impacto.
