En la Unidad Judicial Penal de Otavalo, cerca de la medianoche del lunes 22 de septiembre, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra 13 personas detenidas durante las manifestaciones registradas ese mismo día en la ciudad. Los procesados enfrentan cargos por el presunto delito de terrorismo, tipificado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Según informó la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el contexto de una jornada de protestas en el cantón, que incluyó bloqueos de vías, daños a bienes públicos y enfrentamientos con fuerzas del orden. Tras los disturbios, la Policía Nacional detuvo a 13 personas, entre ellas una mujer.
Durante la audiencia, el juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para 12 de los procesados. En el caso de la única mujer detenida, el magistrado dispuso medidas cautelares no privativas de libertad, como la presentación periódica ante la autoridad judicial y la prohibición de salida del país.
La defensa de los acusados rechazó la tipificación del delito de terrorismo, argumentando que se trató de una protesta social y no de un acto encaminado a provocar terror o desestabilizar el orden institucional. No obstante, la Fiscalía sostuvo que existen elementos suficientes que justifican la apertura del proceso penal bajo esa figura.
La instrucción fiscal tendrá una duración inicial de 90 días, tiempo en el que se desarrollarán diligencias investigativas adicionales. Organizaciones sociales y de derechos humanos han expresado su preocupación por la calificación del delito y han anunciado seguimiento al caso.
