El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado tras los hechos ocurridos el pasado 28 de septiembre, cuando se registró la suspensión del servicio de agua potable en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura.
De acuerdo con la denuncia, lo sucedido se enmarca en el presunto delito de paralización de servicio público, tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La decisión del MAE se sustenta en evidencias difundidas en redes sociales, donde se observa a un grupo de personas rompiendo de forma intencional una tubería del sistema de distribución perteneciente a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA-I). El ataque a la infraestructura ocasionó la interrupción masiva del servicio, dejando a miles de familias sin acceso al líquido vital.
La cartera de Estado condenó enérgicamente estos actos, calificándolos como una afectación directa a derechos fundamentales, entre ellos el acceso al agua potable, reconocido como esencial para la vida y la salud.
En un comunicado oficial, el Ministerio señaló que la denuncia busca proteger a la comunidad y salvaguardar los servicios básicos, así como sentar un precedente frente a acciones que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía y el funcionamiento de infraestructura pública crítica.
“El agua potable es un derecho humano y su interrupción deliberada constituye una vulneración grave que no puede quedar en la impunidad”, indicó la institución, ratificando además el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar la provisión de este servicio en todos los rincones del país.
