La madrugada de este lunes fue deportado el periodista español Bernat Lautaro, quien se encontraba en Ecuador cubriendo las movilizaciones del #ParoNacional2025, especialmente en la provincia de Imbabura. La decisión ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de prensa.
Según la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, la deportación de Lautaro “está respaldada en un informe de carácter privado”, sin ofrecer mayores detalles sobre el contenido o fundamento legal del mismo.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció que Lautaro fue detenido la tarde del domingo 5 de octubre en Quito, mientras cubría una manifestación contra el Gobierno. Horas después, fue deportado del país en lo que la organización calificó como un proceso “plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso”.
De acuerdo con Inredh, al periodista no se le informó sobre los motivos de su detención, se le negó el contacto con representantes de su embajada y no se le garantizó una defensa jurídica adecuada. “Esta actuación vulnera derechos fundamentales y sienta un grave precedente para la libertad de prensa en el país”, advirtió la fundación.
Por su parte, Fundamedios también rechazó la decisión gubernamental. “Esta medida constituye un grave atentado contra la libertad de prensa, el derecho a informar y el principio democrático de transparencia. Criminalizar y expulsar a un periodista por su trabajo coloca a Ecuador en una peligrosa ruta de censura y autoritarismo”, señaló la organización en un comunicado público.
Bernat Lautaro, director del medio digital Pelofuego, había estado cubriendo el paro nacional desde sus inicios. Realizó transmisiones en vivo desde distintas zonas del país, entre ellas Imbabura, donde documentó protestas y operativos policiales.
La deportación ocurre en medio de un contexto de alta tensión social, tras 15 días de movilizaciones que mantienen paralizadas varias regiones del país. Diversos colectivos y gremios periodísticos han exigido explicaciones públicas y transparentes sobre las razones de la medida, así como garantías para la labor de la prensa nacional e internacional durante la cobertura de las protestas.
