
Un ataque armado contra la caravana presidencial registrado la tarde de este martes en el sector de El Tambo, provincia del Cañar, dejó cinco personas detenidas y motivó una denuncia por intento de asesinato, presentada por la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano.
De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió cuando el convoy que acompañaba al presidente de la República se trasladaba hacia varios puntos de la provincia, donde estaban programados actos de entrega y anuncios de obras públicas.
Entre ellos, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, con una inversión de USD 4,5 millones que beneficiará a cerca de 26.000 habitantes; la entrega del sistema de alcantarillado de Sigsihuayco, valorado en USD 891.000; y la firma del convenio de financiamiento para el sistema de alcantarillado de Quilloac, por USD 815.000.
Según reportes preliminares, los agresores habrían intentado bloquear el paso del convoy y atacaron uno de los vehículos de la comitiva. Las fuerzas de seguridad respondieron de inmediato y detuvieron a cinco presuntos implicados, quienes fueron trasladados a Quito para investigaciones.

Investigación por terrorismo e intento de asesinato
La ministra Inés Manzano confirmó que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por los presuntos delitos de terrorismo e intento de asesinato.
“Este hecho puso en riesgo no solo a las autoridades, sino también a civiles que viajaban en la caravana”, indicó en declaraciones a la prensa.
El Gobierno Nacional señaló que el ataque buscaba obstaculizar las actividades oficiales del Ejecutivo y anunció que reforzará las medidas de seguridad en los desplazamientos presidenciales.
Contexto y reacciones
El atentado se produce en medio de un clima de tensión social en distintas provincias del país, donde persisten manifestaciones y bloqueos en el contexto de protestas por la eliminación del subsidio al diésel.
Autoridades locales de Cañar expresaron su preocupación por el hecho y llamaron a evitar la violencia. “Las diferencias políticas o sociales no deben derivar en ataques contra personas o instituciones”, señaló un pronunciamiento de la Gobernación.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen desplegado un operativo en la zona para garantizar la seguridad y recoger indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.
Hasta el cierre de esta edición, el presidente de la República no había emitido declaraciones públicas, aunque fuentes oficiales confirmaron que tanto él como los miembros de la comitiva resultaron ilesos y que la agenda de obras continuará conforme a lo previsto.
