En medio de un fuerte resguardo militar, la vicepresidenta de la República, María José Pinto, arribó este lunes a la ciudad de Ibarra junto a un convoy humanitario, tras más de tres semanas de bloqueos viales en la provincia de Imbabura. La segunda mandataria brindó una rueda de prensa acompañada por el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Harold Burbano; y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
El convoy, que partió desde Quito, estuvo compuesto por unidades militares y 37 vehículos adicionales cargados con alimentos, cilindros de gas doméstico, medicamentos, brigadas del Registro Social y 3 000 kits de ayuda humanitaria. Esta operación fue coordinada por 10 instituciones del sector social del Estado, con el objetivo de atender a la población afectada por el paro.
“La provincia está prácticamente secuestrada. No nos vamos a mover de aquí hasta garantizar que Imbabura se reactive”, afirmó Pinto, quien recalcó que las pérdidas económicas en la provincia alcanzan los USD 42 millones.
Reactivación económica y subsidios
Durante la intervención, el ministro Harold Burbano anunció que el Gobierno otorgará un aporte directo de USD 1 000 a los negocios que no pudieron operar durante el bloqueo. Además, se habilitarán programas de vivienda subsidiada al 100 % para los afectados.
“El Gobierno tiene como prioridad que la economía local vuelva a funcionar. Este plan de reactivación inicia desde la ciudad de Ibarra y se extenderá al resto de la provincia”, declaró.
Operativos y uso de la fuerza
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que durante el avance del convoy se encontraron bloqueos en el sector de La Esperanza, donde fue necesario aplicar medidas de disuasión para continuar el trayecto. Reimberg aseguró que la prioridad inmediata ahora es abrir las vías cerradas, proceso que, según estimaciones, tomará al menos tres días.
Por su parte, el ministro de Defensa, Loffredo, reportó que 300 efectivos del Ejército realizaron un operativo en la zona minera de Buenos Aires, en los sectores de Mina Vieja y El Olivo. Las acciones incluyeron bombardeos con aviones Super Tucano y uso de morteros. Según el ministro, los grupos que operan en estas minas ilegales estarían financiando las manifestaciones mediante el uso de diésel para actividades extractivas clandestinas.
“La situación en Imbabura requiere una respuesta firme. No podemos permitir que el crimen organizado utilice estas protestas para fortalecer sus operaciones ilegales”, sostuvo.
