
La mañana de este jueves, en el pretil municipal de Otavalo, la alcaldesa Anabel Hermosa expuso ante dirigentes comunitarios los alcances del diálogo mantenido el miércoles entre representantes del Gobierno Nacional y organizaciones indígenas de Imbabura. Sin embargo, los asistentes ratificaron su decisión de desconocer los acuerdos alcanzados y mantener la paralización provincial, evidenciando la creciente fractura interna dentro del movimiento indígena.
Durante su intervención pública, Hermosa explicó que la mesa de diálogo con el ministro del Interior, Jhon Reimberg, abordó temas como la revisión del Decreto Ejecutivo 126, la situación jurídica de los detenidos durante las protestas y la conformación de mesas técnicas de seguimiento. Según la alcaldesa, estos compromisos permitirían abrir canales institucionales para resolver el conflicto.
“Es importante mantener la unidad. No podemos debilitar la estructura del movimiento indígena ni desconocer a nuestros dirigentes”, señaló Hermosa ante los representantes de comunidades de Otavalo, Cotacachi e Ibarra que acudieron al encuentro.
No obstante, varios dirigentes de base expresaron su malestar por lo que consideraron una falta de consulta antes de la negociación con el Gobierno. En medio de consignas como “La lucha sigue” y “No nos representan”, los asistentes afirmaron que las decisiones del miércoles no cuentan con el respaldo de las comunidades y que las medidas de paralización continuarán “hasta que existan respuestas concretas y no simples ofrecimientos”.

La tensión se trasladó al ámbito político y organizativo. Comunidades kichwas acusaron a las dirigencias de la FICI, UNORCAC y FICAPI de haber actuado sin mandato, mientras exigieron una rendición de cuentas pública. El ambiente en el pretil fue de abierta confrontación entre los llamados a la calma institucional y el descontento de las bases que mantienen los bloqueos en varios puntos de la provincia.
El episodio de este jueves se suma a los desacuerdos evidentes desde el miércoles, cuando el Gobierno anunció que el paro en Imbabura había llegado a su fin. En contraste, las comunidades reiteraron que no levantarán las movilizaciones hasta que se cumplan los compromisos pendientes, incluyendo la liberación total de los detenidos y la derogatoria o congelamiento del precio del diésel fijado por el Decreto 126.
La división interna del movimiento indígena se profundiza en un contexto marcado por jornadas de tensión, enfrentamientos y denuncias de uso excesivo de la fuerza. Mientras tanto, la dirigencia nacional de la CONAIE ha evitado pronunciarse de manera oficial sobre el desacuerdo provincial, a la espera de nuevas asambleas territoriales.
En Otavalo, el llamado de la alcaldesa Anabel Hermosa a la unidad fue recibido con respeto, pero sin adhesión. “No estamos en contra del diálogo, pero no aceptamos decisiones sin el consentimiento de las comunidades”, advirtieron varios dirigentes.
Por ahora, Imbabura continúa paralizada, y el desafío principal para la dirigencia será recuperar la confianza de las bases antes de cualquier nueva negociación con el Gobierno.
