La Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado informó a la Asamblea Nacional sobre las investigaciones penales abiertas en el marco del paro nacional, con énfasis en los hechos registrados en la provincia de Imbabura.
Uno de los casos más graves se relaciona con el enfrentamiento ocurrido el pasado martes en Otavalo entre manifestantes y Fuerzas Armadas, donde perdió la vida el comunero indígena José Guamán. Por este hecho, se abrió una investigación en la unidad especializada en uso ilegítimo de la fuerza.
Además, otros 13 ciudadanos ingresaron al Hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra, con heridas provocadas por armas de fuego, balas u objetos contundentes. La Fiscalía señaló que cada caso es tratado de forma individual para determinar responsabilidades.
En paralelo, se mantienen abiertas otras indagaciones, entre ellas la investigación por la muerte del comunero Efraín Fuérez, ocurrida el 28 de septiembre en Cotacachi, y por el fallecimiento de Rosa Elena Paqui, en Loja. Ambos casos continúan en etapa de instrucción fiscal.
En cuanto a las agresiones contra trabajadores de la prensa, la Fiscalía también confirmó la apertura de una causa penal por la agresión al asistente de cámara de Ecuavisa, Santiago Gil. Este proceso se realiza en coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Comunicación, con el fin de identificar a otros comunicadores afectados durante las jornadas de protesta.
A escala nacional, la Fiscalía registra 33 denuncias por el delito de paralización de un servicio público, siendo este el más frecuente en el contexto del paro. También se investigan posibles delitos de extralimitación de funciones, incitación a la discordia, asociación ilícita, terrorismo, secuestro e instigación.
El director de la Dirección de Derechos Humanos aseguró ante la Asamblea que las autopsias de las víctimas no son realizadas por personal policial ni por funcionarios que dependan del Ejecutivo. Para garantizar la independencia del proceso, se designa a un médico legista de la Fiscalía y un profesional civil, y se permite la presencia de un veedor de las comunidades indígenas, un familiar o un abogado particular.
Esta serie de investigaciones se desarrolla en un contexto de alta tensión social y exige, según la Fiscalía, un estricto apego al debido proceso, imparcialidad y transparencia.
