La Fiscalía General del Estado solicitó a la jueza anticorrupción Karol Zambrano fijar fecha para una audiencia de reformulación de cargos y vinculación de cinco nuevas personas al proceso penal que investiga el ataque al Comando Policial de Otavalo, ocurrido durante el paro nacional.
El caso, que inicialmente incluyó la formulación de cargos por terrorismo contra trece personas, podría cambiar de calificación jurídica. Según el pedido fiscal, las diligencias desarrolladas en las últimas semanas habrían modificado los elementos del caso, permitiendo investigar una figura penal distinta. Los detalles de esta nueva calificación serán expuestos en la audiencia que deberá ser convocada en los próximos días.
El proceso se originó tras los hechos violentos registrados en Otavalo, en la provincia de Imbabura, cuando un grupo de manifestantes habría participado en el ataque a la infraestructura policial durante las movilizaciones del pasado septiembre.
El pasado 23 de septiembre, trece personas fueron imputadas por terrorismo. Sin embargo, el Tribunal Anticorrupción de la Corte de Pichincha, conformado por los jueces Lauro Sánchez (ponente), Esteban Coronel y Mabel Tapia, revocó la prisión preventiva de once de ellas, sustituyéndola por presentación periódica ante la Fiscalía y prohibición de salida del país. El Tribunal argumentó que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no demostraban de forma clara la pertenencia de los procesados a una organización delictiva o terrorista.
Entre los beneficiarios de las medidas alternativas están Diego Armando L. R., Luis Enrique M. F., Elvis Damián L. M., y otros ocho ciudadanos. En el caso de Luis Henry J. E., de nacionalidad extranjera, no se emitió resolución. Gina Betel C. T., quien desde septiembre cumplía medidas sustitutivas, continuará bajo régimen de presentación dos veces por semana.
La Fiscalía busca adecuar la investigación a los nuevos hallazgos mientras se espera la convocatoria oficial de la audiencia para continuar con el proceso judicial.
