La Fiscalía General del Estado ha iniciado 57 investigaciones previas en la provincia de Imbabura por hechos ocurridos durante el paro indígena de septiembre, convocado por organizaciones sociales y comunidades indígenas. Así lo reporta el portal Primicias, en un contexto de alta conflictividad social, bloqueos de vías y enfrentamientos registrados principalmente en los cantones de Otavalo, Ibarra y Cotacachi.
Delitos investigados durante el paro
Las causas abiertas abarcan delitos de diversa gravedad. Los que registran mayor número de casos son:
- Paralización de un servicio público: 27 casos
- Secuestro: 7 casos
- Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio: 5 casos
- Daño a bien ajeno: 5 casos
- Robo: 3 casos
- Terrorismo: 3 casos
- Instigación: 2 casos
- Lesiones: 1 caso
- Hurto de bienes de uso policial o militar: 1 caso
- Alteración de evidencias y elementos de prueba: 1 caso
- Receptación: 1 caso
- Armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados: 1 caso
Otros delitos como asociación ilícita, ataque o resistencia, incitación a la discordia, incumplimiento de decisiones legítimas y muerte culposa no registran casos activos en la provincia.
Causas por presunto terrorismo y secuestro
Uno de los procesos más delicados está relacionado con el presunto secuestro de agentes policiales y la ocupación de instalaciones públicas, que la Fiscalía investiga bajo el tipo penal de terrorismo en al menos tres causas. Estos hechos habrían ocurrido en el contexto de las protestas en zonas estratégicas de la provincia.
Policías y militares también bajo investigación
Durante las movilizaciones, la Conaie y organizaciones de derechos humanos denunciaron una supuesta represión excesiva por parte de agentes de la fuerza pública. En respuesta, la Fiscalía abrió 10 causas para investigar posibles abusos cometidos por policías y militares.
Según los datos disponibles, estos casos se distribuyen así:
- Imbabura: 5 investigaciones
- Pichincha: 3 investigaciones
- Loja: 1 investigación
- Chimborazo: 1 investigación
Por tratarse de procesos en etapa de instrucción fiscal, la información permanece bajo reserva, por lo que no se ha revelado cuántos efectivos estarían implicados ni el avance específico de los expedientes.
Tipos penales y sanciones previstas
El delito de paralización de un servicio público, que representa el 57% de las causas abiertas a nivel nacional (80 casos), está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla penas de uno a tres años de prisión.
Por su parte, el delito de daño a bien ajeno, que suma 11 causas en total, se sanciona con penas de dos a seis meses de cárcel, según la legislación vigente.
Contexto del conflicto
La provincia de Imbabura fue uno de los epicentros del paro indígena, que se extendió por más de un mes en todo el país, generando afectaciones económicas, sociales y humanas. Las protestas estuvieron marcadas por el cierre de vías, interrupción de servicios públicos, ocupaciones de instalaciones y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.
Las autoridades no han confirmado el número exacto de personas detenidas o procesadas, pero se espera que en las próximas semanas avancen las audiencias de formulación y reformulación de cargos en las distintas jurisdicciones.
