
Este martes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la provincia de Imbabura se une a las voces que exigen justicia, protección y acciones concretas frente a una realidad que sigue cobrando vidas. Según datos de organizaciones de la sociedad civil y reportes oficiales, seis mujeres fueron víctimas de feminicidio en Imbabura durante el año 2024, una cifra que se enmarca dentro de una crisis nacional de violencia de género.
A nivel país, el año 2024 cerró con 274 feminicidios en Ecuador, de los cuales 269 ocurrieron durante el año y otros 5 corresponden a mujeres reportadas como desaparecidas en 2023 cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en 2024. Desde 2014, Ecuador acumula un total de 1.980 feminicidios, lo que evidencia una violencia sistemática y persistente contra las mujeres, niñas y adolescentes.
En Imbabura, las cifras también reflejan una situación alarmante. La Fiscalía recibió 1.392 denuncias por delitos relacionados con violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar durante 2024. Los registros incluyen:
- 270 por violación
- 254 por abuso sexual
- 137 por acoso sexual
- 102 por violencia física
- 721 por violencia psicológica
- 6 casos de feminicidio
El cantón Ibarra lidera las estadísticas con 1.847 casos judicializados, seguido por Otavalo con 737, según el Consejo de la Judicatura.
Un drama con rostro humano
Las víctimas de feminicidio en Ecuador tuvieron en promedio 36 años; sin embargo, las edades oscilaron entre 1 y 81 años. El impacto de esta violencia es profundo:
27 niñas y adolescentes fueron asesinadas.
- 79 mujeres eran madres, dejando al menos 131 menores en orfandad.
- 11 estaban embarazadas al momento del crimen.
- 9 mujeres sufrieron abuso sexual antes de ser asesinadas.
- En el 35 % de los casos, el agresor era la pareja o expareja.
El Estado, en deuda
De las víctimas registradas, 23 habían denunciado previamente situaciones de violencia y 4 contaban con boleta de auxilio vigente, lo que revela graves fallas en los sistemas de protección y respuesta institucional. La ausencia de medidas efectivas ha facilitado que los agresores consumen el crimen incluso tras advertencias claras.
Organizaciones sociales, colectivos feministas y ciudadanía demandan al Estado acciones urgentes, entre ellas:
- Fortalecer los mecanismos de protección a víctimas.
- Garantizar la investigación y sanción de los delitos.
- Reparación integral a las familias, en especial a niñas y niños en situación de orfandad.
- Educación y prevención comunitaria para erradicar patrones de violencia.
Este 25 de noviembre no es solo una fecha conmemorativa, es un llamado urgente a detener la violencia que cada año arranca vidas y destruye familias. En Imbabura y en todo el país, las mujeres reclaman su derecho a vivir sin miedo, con justicia y dignidad

