Una alerta ambiental se activó en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, ante denuncias sobre la presunta incineración de desechos provenientes del Distrito Metropolitano de Quito en una fábrica cementera local. La práctica, según colectivos ciudadanos, representa un grave riesgo para la salud de la población y el ecosistema de la zona.
El colectivo Unidos por la Pachamama presentó este viernes una medida cautelar autónoma, con la que solicita la intervención de las autoridades para detener temporalmente el proceso, exigir transparencia en los convenios suscritos y garantizar la protección de los derechos de la naturaleza.
De acuerdo con la denuncia, desde el 19 de noviembre de 2025, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP) de Quito firmó un convenio de coprocesamiento con una fábrica cementera ubicada en Otavalo para la quema de residuos sólidos. Sin embargo, representantes del colectivo aseguran que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Otavalo no fue notificado participó en la aprobación de este acuerdo.
“La quema de residuos sólidos debe ser una medida de última instancia, no una práctica habitual. Esta actividad genera emisiones contaminantes que podrían afectar gravemente la calidad del aire, los recursos hídricos y la salud de la población”, advirtió uno de los voceros del colectivo.
La medida cautelar solicita que el Municipio de Quito, el GAD de Otavalo y la empresa cementera involucrada transparenten los convenios firmados, estudios técnicos y evaluaciones de impacto ambiental que respalden esta actividad. Hasta el momento, no se existen pronunciamientos oficiales por parte de las entidades aludidas.
La comunidad otavaleñaexpresó su preocupación por la posible afectación a cultivos, fuentes de agua y a la biodiversidad del entorno andino, además del riesgo para la salud pública.
El caso ha puesto en el centro del debate la aplicación de políticas ambientales responsables y el respeto a los principios constitucionales de los derechos de la naturaleza en Ecuador, país que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos.
Se espera que las autoridades competentes analicen el recurso interpuesto y actúen conforme al principio de precaución ambiental para evitar daños irreversibles.
