El Hospital General Ibarra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) implementó oficialmente el protocolo de atención integral para casos de violencia basada en género y graves vulneraciones de derechos humanos, conocido como “Código Púrpura”, una estrategia impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para garantizar una respuesta inmediata, confidencial y especializada a mujeres y hombres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia.
El Código Púrpura constituye un mecanismo de actuación urgente que se activa en el momento en que el personal sanitario identifica un caso dentro de las unidades médicas, ya sea en el área de Emergencia, consulta externa o cualquier otro servicio. Una vez activado, se moviliza un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de medicina, psicología y trabajo social, capacitados para brindar una atención integral basada en los principios de confidencialidad, no discriminación y enfoque de derechos humanos.
El Hospital General Ibarra cuenta con una Sala de Primera Acogida, un espacio diseñado para ofrecer privacidad, contención emocional y seguridad a las víctimas. Allí se garantiza un trato cálido, respetuoso y libre de revictimización. Bajo los lineamientos del MSP, la unidad aplica procedimientos que aseguran un acompañamiento clínico y psicosocial oportuno, además de la articulación con el sistema de justicia.
Gino Retamal, emergenciólogo del hospital, destacó la preparación del personal para la detección temprana de víctimas de violencia. “Cuando identificamos un caso, dejamos de ser únicamente un establecimiento de salud para convertirnos en un espacio seguro y articulado. Protegemos la identidad de la persona, evitamos la revictimización y garantizamos sus derechos desde el primer momento”, afirmó.
La atención incluye valoración física, manejo de lesiones, soporte psicológico y activación del equipo multidisciplinario. Asimismo, se coordina de manera inmediata con Fiscalía y otras entidades del Sistema Nacional de Salud y Justicia, asegurando que los procesos legales y de protección avancen de forma adecuada.
Verónica Rivera, trabajadora social de la unidad, señaló que la coordinación interinstitucional es clave para garantizar la confidencialidad y el seguimiento del caso: “Acompañamos a la víctima en cada etapa y articulamos con las entidades competentes para proteger sus derechos”.
