Un nuevo hecho ocurrido en la parroquia San Juan de Ilumán, en la provincia de Imbabura, pone sobre la mesa el problema del chulco préstamos informales a intereses abusivos y la respuesta de las comunidades indígenas frente a prácticas que afectan directamente a la economía popular.
El fin de semana, una joven de nacionalidad venezolana fue retenida por miembros de la comunidad mientras distribuía tarjetas promocionales para ofrecer préstamos conocidos como «gota a gota», una modalidad de crédito informal que ha sido señalada por su impacto negativo en familias de bajos recursos. La retención se dio en el contexto de creciente indignación comunitaria, a solo una semana del asesinato de los hermanos Edwin y Daniel Brazales Argoti, presuntamente vinculados a redes de prestamistas informales.
Frente a esta situación, las autoridades ancestrales de San Juan de Ilumán decidieron aplicar la justicia indígena, amparadas en el artículo 171 de la Constitución del Ecuador, que reconoce el derecho de las comunidades a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Según líderes locales, esta acción busca frenar la proliferación de actividades que atentan contra la estabilidad económica y la convivencia colectiva.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han pedido una investigación profunda sobre el caso de los hermanos Brazales y han solicitado al Estado reforzar los mecanismos de control para prevenir la expansión de estas redes de crédito ilegal, que se han extendido por diversas zonas del país.
Mientras tanto, en San Juan de Ilumán, la comunidad reafirma su decisión de proteger sus estructuras económicas y sociales a través de formas de justicia propias, en un contexto donde según denuncian la respuesta estatal ha sido limitada.
Las autoridades nacionales aún no se han pronunciado oficialmente sobre este último hecho.
