El asambleísta Pablo Aníbal Jurado, representante de Imbabura, junto a sus colegas Cristian Benavides (Carchi) y Juan Gonzaga Salazar (Sucumbíos), hizo un llamado urgente a los gobiernos de Ecuador y Colombia para restablecer el diálogo bilateral y detener la escalada de tensiones comerciales, energéticas y logísticas que afectan directamente a las poblaciones fronterizas.
En un pronunciamiento conjunto difundido este martes, los tres legisladores expresaron su preocupación por las recientes decisiones arancelarias, el cobro de una tarifa de USD 30 por barril al crudo colombiano transportado por oleoductos ecuatorianos, y la suspensión de servicios energéticos, medidas que según afirmaron están deteriorando las relaciones bilaterales y generando un impacto directo en la vida de miles de familias en la frontera norte.
“Las disputas entre Estados no deben trasladarse a la población ni convertirse en una carga injusta para quienes trabajan de manera honesta”, indica el comunicado firmado por los asambleístas, quienes advierten que el cierre de pasos fronterizos, los aranceles recíprocos y las restricciones al comercio están golpeando con fuerza a transportistas, pequeños productores, comerciantes y sectores rurales que dependen del intercambio binacional diario.
El pronunciamiento destaca además la afectación a servicios esenciales como salud, educación y empleo, donde muchas comunidades mantienen vínculos históricos a ambos lados de la frontera.
Ante esta situación, los legisladores solicitaron a ambos gobiernos reactivar los canales diplomáticos y técnicos, y propusieron un retorno urgente al cumplimiento de acuerdos internacionales vigentes para priorizar el bienestar común, la seguridad fronteriza y la estabilidad económica de la región.
“El diálogo siempre será más fuerte que la confrontación”, concluye el comunicado, que busca abrir una ruta de entendimiento frente a lo que ya ha sido calificado como una de las peores crisis binacionales de la última década.
