La entrada en vigencia de los aranceles del 30 % entre Ecuador y Colombia, este domingo 1 de febrero de 2026, encendio las alarmas en el sector del transporte binacional. Gremios de transportistas ecuatorianos y colombianos han expresado su preocupación por el impacto directo de esta medida en los costos operativos, el comercio fronterizo y la competitividad logística.
Las tarifas recíprocas fueron impuestas en el marco de una creciente guerra comercial entre ambos países, luego de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunciara los aranceles como una medida para exigir mayor cooperación en temas de seguridad fronteriza. Colombia respondió con la misma tasa e incluyó la suspensión de exportación de energía eléctrica a Ecuador.
En la frontera de Rumichaca, una de las más transitadas entre los dos países, se registraron filas de camiones de hasta 600 metros durante el fin de semana, mientras transportistas buscaban ingresar mercancías antes de la “hora cero”. El nuevo régimen aduanero provocó retrasos, confusión y aumentos de precios en productos que circulan habitualmente entre ambas naciones.
Frente a esta situación, transportistas advirtieron con iniciar protestas si no se establecen mecanismos de diálogo y compensación. Argumentan que los nuevos aranceles encarecen significativamente sus operaciones y amenazan con afectar el flujo regular de mercancías en ambos sentidos de la frontera.
“El impacto es directo y no solo para el comercio formal, sino también para las economías locales que dependen del tránsito diario entre ambos países”, señalaron representantes del sector, quienes también piden la intervención urgente de las autoridades para buscar soluciones que eviten una escalada de conflictos.
Hasta el momento, no se ha confirmado una reunión oficial entre los gremios y los gobiernos de Ecuador o Colombia, aunque ambos países han reiterado su disposición a encontrar salidas diplomáticas al conflicto comercial.
Mientras tanto, el clima en la frontera se mantiene tenso, y las próximas horas serán clave para definir si las protestas anunciadas se concretan y cómo podrían afectar aún más el ya complejo escenario económico entre Ecuador y Colombia.
