Un incidente ocurrido en el área de consulta externa del Hospital General San Vicente de Paúl, en la ciudad de Ibarra, desató una ola de reacciones en redes sociales y ha puesto bajo escrutinio público la atención médica brindada a un joven con discapacidad, quien ha sido sometido a cuatro amputaciones de sus extremidades inferiores.
El hecho se viralizó luego de que un video mostrara un altercado entre familiares del paciente y personal del hospital. La esposa del afectado, identificada como “la mujer de camisa gris”, difundió un extenso testimonio en el que niega que se tratara de un intento de ingresar sin turno, como inicialmente se señaló, y afirma que acudieron al centro de salud a exigir explicaciones tras ocho meses de supuesta negligencia médica y tratos indignos.
Según el testimonio, el paciente fue operado en cuatro ocasiones por el mismo cirujano, el Dr. Carlos Mendoza, primero en una clínica privada y luego en el hospital público, donde el médico también ejerce funciones como jefe de especialidad. La esposa denuncia que las cirugías no resolvieron adecuadamente el problema, dejando exposición ósea, puntos “enterrados” y secuelas que impiden el uso de prótesis.
Además, señala que se les negó el acceso a las radiografías, que solo pudieron fotografiar a escondidas, y que durante las citas médicas el doctor no permitía al paciente subir a la camilla ni realizaba evaluaciones completas.
La situación se agravó cuando, tras buscar una segunda opinión médica en Quito donde un especialista calificó los procedimientos como “mal ejecutados”, la pareja volvió al hospital en busca de respuestas. Fue en ese contexto que, según la denuncia, el Dr. Mendoza respondió al pedido del paciente con una frase considerada cruel y discriminatoria:
“¿Cómo me voy a poner en tus zapatos si yo sí tengo mis piernas?”
Este comentario habría detonado la reacción del hermano del paciente, generando el altercado que fue captado en video.
En un comunicado oficial publicado el 5 de febrero, el Hospital San Vicente de Paúl confirmó que el paciente fue víctima de un accidente de tránsito que derivó en la amputación de ambas extremidades, intervención realizada inicialmente en una clínica privada. Desde agosto de 2025, el paciente ha asistido al hospital para controles de traumatología.
El documento aclara que el ingreso del paciente y su familia el 30 de enero se dio de forma violenta y sin cita agendada, y que fue necesaria la intervención de seguridad para proteger la integridad de personal y otros usuarios. También informa que se ha iniciado una investigación interna sobre los hechos y se compromete a actuar con “responsabilidad, transparencia y respeto al debido proceso”.
El caso ha despertado fuertes reacciones públicas y ha motivado llamados a las autoridades sanitarias y judiciales para que intervengan. Abogados y especialistas consultados señalan posibles infracciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP), como:
- Mala práctica profesional con lesiones permanentes (Art. 146 y 152)
- Actos discriminatorios contra persona con discapacidad (Art. 177)
Además, se ha solicitado la actuación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS) para una auditoría técnica del caso y la posible suspensión preventiva del profesional mientras se esclarecen los hechos.
Organizaciones de defensa de los derechos de personas con discapacidad y colectivos ciudadanos exigen que este caso no quede en la impunidad. “Mi esposo ha perdido sus piernas, pero no su derecho a ser tratado con dignidad”, escribió la esposa en su publicación, que ha sido replicada por miles de usuarios.
El caso no solo ha abierto un debate sobre la calidad de la atención médica pública, sino también sobre los mecanismos de control institucional ante posibles abusos, negligencias y actos discriminatorios dentro del sistema de salud ecuatoriano.
