Tras la formulación de cargos por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria en el caso “Goleada”, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otros diez procesados, la alcaldesa de Otavalo se pronunció públicamente, convirtiéndose en una de las primeras autoridades locales en reaccionar ante el hecho.
En un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, la alcaldesa expresó su preocupación por una posible politización del proceso judicial, y exhortó a que se respete el debido proceso y la imparcialidad en las investigaciones.
“La lucha contra la corrupción debe ser firme y transparente, pero no puede convertirse en un arma política. La justicia debe actuar con independencia, sin ceder a presiones externas ni juicios mediáticos”, afirmó.
El pronunciamiento llega en medio de un fuerte debate nacional sobre la utilización de procesos penales con fines partidistas, especialmente cuando involucran a figuras visibles del movimiento Revolución Ciudadana, como es el caso de Álvarez.
Silencio de otras autoridades locales
Hasta las 19:08 de este lunes, Richard Calderón, prefecto de Imbabura y también militante de Revolución Ciudadana, no había emitido ningún comentario ni pronunciamiento en sus cuentas oficiales sobre la situación de su coideario, el alcalde de Guayaquil.
Este silencio contrasta con el llamado a la solidaridad de algunos sectores del movimiento y con el posicionamiento público de la alcaldesa otavaleña, que, sin defender a los procesados, hizo énfasis en la necesidad de que el proceso se lleve a cabo con total transparencia y sin sesgos políticos.
Avance del caso
La Fiscalía General del Estado formuló cargos este lunes contra 11 personas, entre ellas el alcalde Álvarez y sus hermanos, Antonio y Xavier Álvarez, quienes recibieron orden de prisión preventiva. La audiencia reveló presuntos indicios de una estructura criminal dedicada al lavado de activos y defraudación tributaria, en la que también estarían involucrados empresarios y funcionarios municipales.
El caso avanza ahora a la etapa de instrucción fiscal, que se extenderá por 90 días.
