Con 77 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este viernes la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), tramitada como económica urgente por el Ejecutivo. La sesión se realizó fuera de la sede legislativa, en la Universidad Tecnológica Ecotec, en la provincia del Guayas, en un ambiente marcado por protestas de rechazo en los exteriores del campus y un dispositivo de seguridad policial.
La norma reforma el COOTAD y refuerza la regla de distribución del gasto para que los gobiernos locales destinen 70% a inversión y 30% a gasto corriente. El oficialismo sostuvo que, aunque el 70/30 ya consta en normativa desde 2011, en varios municipios “la regla está invertida” y el gasto corriente llega al 70% u 80%, según el asambleísta Esteban Torres.
Durante el debate, la legisladora de ADN Valentina Centeno defendió la prioridad de inversión para servicios como agua potable y vialidad, y afirmó que datos del Ministerio de Finanzas muestran un peso elevado del gasto corriente en municipios. En contraste, la oposición con Revolución Ciudadana a la cabeza advirtió que la ley puede derivar en reducciones de asignaciones y afectar programas sociales locales.
En los exteriores de Ecotec, un grupo de asambleístas y manifestantes rechazó la iniciativa; hasta media mañana no se reportaron incidentes, según el reporte del lugar.
En la sesión participaron 150 asambleístas (incluidos legisladores conectados de forma virtual). Los 77 votos a favor provinieron de ADN y aliados. En contra votaron RC, PSC y Pachakutik, que sumaron 71 votos; además se registraron abstenciones y ausencias señaladas en el reporte legislativo del día.
Implicaciones de la vigencia, según análisis de medios y criterios técnicos
1) Regla 70/30 con aplicación progresiva y calendario de cumplimiento
Medios que siguieron el trámite legislativo reportaron que la exigibilidad de la meta no sería inmediata, sino gradual hasta 2028, como ajuste para reducir el impacto financiero en gobiernos locales.
En paralelo, el proyecto (en su discusión pública) incorporó plazos diferenciados en el camino hacia la meta, con hitos posteriores para distintos niveles de GAD, según reportes económicos sobre el articulado y su alcance.
Implicación: la presión operativa se traslada a la planificación multianual: reordenar nóminas, contratos y servicios sin cortar la operación municipal en el corto plazo, pero con metas crecientes.
2) Incentivos y sanciones: riesgo de menor transferencia estatal si no se cumple
El debate público sobre la reforma puso el foco en el mecanismo de cumplimiento: si un GAD no alcanza el porcentaje de inversión, el Ejecutivo planteó que las asignaciones puedan bajar hacia los mínimos constitucionales (15% de ingresos permanentes y 5% de no permanentes), según el análisis económico del proyecto.
Implicación: aumenta el incentivo para reclasificar rubros como “inversión” o acelerar contratación de obra, pero también eleva el riesgo de tensiones presupuestarias en cantones con alta dependencia de transferencias.
3) Autonomía local y posible judicialización
La oposición y algunas autoridades locales han enmarcado la reforma como una afectación a la autonomía de los GAD y anticipan controversias constitucionales.
En contraste, criterios técnicos recogidos por la propia Asamblea sostienen que la autonomía financiera no es absoluta y que reglas fiscales pueden regularse por ley dentro del marco constitucional y del Plan Nacional de Desarrollo.
Implicación: es probable un escenario de disputa jurídica y política sobre competencias y sobre el alcance de la rectoría fiscal del Gobierno central.
4) Impacto en servicios sociales y nómina municipal
En cobertura local, se advirtió que la restricción al gasto corriente podría presionar programas municipales (salud mental, comedores comunitarios, centros de atención, bienestar animal) y generar ajustes de personal, según alertas atribuidas a la Alcaldía de Quito.
Implicación: municipios con estructura pesada de gasto permanente podrían enfrentar reordenamientos (priorización, tercerización o recortes), con costos políticos y sociales si no hay transición ordenada.
5) Más control y reportes de seguimiento
El Comercio reportó que la norma prevé vigilancia trimestral del gasto por parte del Ministerio de Economía.
Además, en la Comisión se expusieron cifras de auditorías y “aportes técnicos y jurídicos” para justificar mayor control sobre contratación pública, talento humano y otros ámbitos de gestión seccional.
Implicación: aumenta el peso de control ex post y de indicadores de ejecución, lo que puede mejorar disciplina fiscal, pero también intensificar la fricción política cuando existan sanciones o reinterpretaciones de rubros.
