La acción de protección presentada en favor del río El Tejar marcó un precedente en la defensa ambiental del cantón Otavalo, luego de que la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificara en febrero de 2025 la sentencia que reconoce al afluente como sujeto de derechos.
La demanda fue impulsada a finales de 2024 por dirigentes barriales y colectivos ciudadanos, quienes denunciaron la contaminación del río y la falta de acciones institucionales frente a las descargas de aguas servidas.
Durante el proceso judicial, el juez dispuso inspecciones y análisis técnicos para verificar el estado del agua. Tras la evaluación, la Corte determinó responsabilidades del Municipio de Otavalo y de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo, al establecer negligencia en el manejo del sistema de alcantarillado.
El fallo ordenó medidas de reparación integral, la emisión de disculpas públicas y la ejecución de acciones concretas para frenar la contaminación. En este contexto, se han realizado trabajos de limpieza, mantenimiento e interconexión de redes en varios sectores, además de anunciarse una inversión superior a 640 mil dólares.
Sin embargo, persiste una deuda estructural: la conclusión de los colectores marginales y la implementación de un sistema integral de tratamiento de aguas servidas, proyecto pendiente desde 2010.
El proceso judicial mantiene seguimiento permanente y establece plazos para que las autoridades presenten informes que justifiquen los avances en la descontaminación, consolidando así un precedente clave en la protección ambiental y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el cantón.
