En el cantón Otavalo se ha denunciado la presunta operación de un sistema de estafa piramidal y captación ilegal de dinero, en el que los organizadores ofrecían altas ganancias económicas a cambio de una inversión inicial, lo que ha generado preocupación entre ciudadanos que aseguran haber sido invitados a participar en este esquema.
De acuerdo con testimonios de personas que habrían sido contactadas para integrarse al sistema, los interesados debían aportar inicialmente 1.440 dólares para ingresar a la estructura. A cambio, se les prometía recibir hasta 10.440 dólares una vez que el esquema avanzara dentro de la denominada “pirámide”.
Según información preliminar, las investigaciones señalan que el sistema habría sido iniciado por una mujer de nacionalidad peruana. Sin embargo, entre las personas que también figuran dentro de las indagaciones constan un odontólogo y un arquitecto, quienes presuntamente habrían participado en la promoción del mecanismo y en la captación de nuevos participantes.
Para atraer a más personas, los promotores habrían presentado el esquema bajo la figura de supuestas fundaciones o asociaciones, argumentando que los aportes económicos no correspondían a inversiones sino a “donaciones” o “regalos”, con lo cual buscaban generar confianza entre los posibles participantes.
El funcionamiento del sistema se basaba en que cada integrante debía invitar a familiares, amigos o conocidos para que ingresen con dinero, alimentando así la estructura piramidal. De esta manera, quienes ingresaban primero podían recibir pagos provenientes de los aportes de nuevos miembros.
Especialistas advierten que este tipo de esquemas solo se mantiene mientras ingresen nuevos participantes, pero termina colapsando cuando ya no se logra captar más personas, lo que provoca pérdidas económicas principalmente a quienes ingresan en las últimas fases.
Sobre este caso, el abogado Enrique Cáceres, en una entrevista concedida a Radio Ilumán, recordó que en Ecuador solo las instituciones financieras legalmente autorizadas pueden captar dinero del público, por lo que mecanismos de este tipo pueden configurarse como un delito de captación ilegal de dinero, contemplado en la legislación vigente.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener precaución ante ofertas de ganancias rápidas o desproporcionadas y verificar siempre que cualquier entidad que reciba dinero del público cuente con la autorización correspondiente de los organismos de control del sistema financiero.
