l colectivo ciudadano Unidos por la Pachamama, integrado por habitantes de Otavalo y defensores del medio ambiente, presentó el miércoles 11 de marzo de 2026 una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador contra la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía.
Los representantes del movimiento se trasladaron hasta Quito para realizar el ingreso formal del recurso legal, con el objetivo de cuestionar varios artículos de la normativa, que —según sostienen— podrían vulnerar derechos colectivos y la protección de la naturaleza establecidos en la Constitución ecuatoriana.
Activistas cuestionan proceso de aprobación de la ley
Durante la presentación de la demanda, los integrantes del colectivo señalaron que la ley habría sido aprobada sin cumplir procesos fundamentales de participación ciudadana, especialmente el derecho a la consulta prelegislativa que corresponde a los pueblos y comunidades.
Según explicaron, el tratamiento del proyecto como normativa de carácter económico urgente habría reducido los tiempos de debate legislativo y limitado la participación de organizaciones sociales, comunidades y sectores que consideran que la normativa podría tener impactos en territorios comunitarios y ecosistemas.
Para los activistas, esta situación representaría un riesgo para la protección de los derechos de la naturaleza, principios que forman parte del marco constitucional ecuatoriano y que reconocen a los ecosistemas como sujetos de derechos.
Acción busca abrir debate sobre minería y recursos naturales
Los representantes de Unidos por la Pachamama señalaron que la acción presentada ante la Corte Constitucional forma parte de un proceso más amplio de movilización ciudadana, orientado a promover un debate nacional sobre el modelo de desarrollo basado en la minería y la explotación de recursos naturales.
El colectivo espera que el máximo organismo de control constitucional del país analice los argumentos jurídicos presentados y determine si la normativa se ajusta o no a las disposiciones establecidas en la Constitución.
Mientras se desarrolla el proceso legal, los integrantes del movimiento aseguraron que continuarán impulsando iniciativas de defensa ambiental y de los derechos colectivos, tanto en espacios institucionales como en acciones ciudadanas en diferentes territorios del país.
