El movimiento político Unidad Popular presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador contra recientes acuerdos emitidos por el Ministerio de Trabajo de Ecuador, que modifican la organización de la jornada laboral en el país.
El director nacional del movimiento, Geovanni Atarihuana, calificó la normativa como una “esclavitud moderna” para el sector obrero y cuestionó que los cambios permitan extender las jornadas diarias de trabajo.
La demanda se dirige contra los Acuerdos Ministeriales 046 y 059, que establecen nuevas reglas para la distribución de la jornada semanal de 40 horas. Según los demandantes, estas disposiciones vulneran el Código del Trabajo del Ecuador y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.
La acción legal también contará con el respaldo de organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores del Ecuador, que anunciaron su adhesión a la impugnación.
Los gremios sostienen que las nuevas disposiciones representan una precarización del empleo y una eliminación de derechos laborales conquistados por el movimiento sindical.
Entre las principales críticas está la posibilidad de reorganizar las jornadas sin reconocer recargos por horas extraordinarias dentro de ciertos esquemas de trabajo.
De acuerdo con la normativa cuestionada, la jornada semanal de 40 horas podrá distribuirse en días de hasta 10 horas. No obstante, Atarihuana afirmó que el texto también contempla turnos especiales que podrían alcanzar 12 horas diarias.
Además, el artículo 9 de la resolución modifica el pago de recargos del 50% y 100% por horas suplementarias y extraordinarias. Bajo el nuevo esquema, el empleador deberá pagar horas extras únicamente cuando el trabajador supere el total de 40 horas en la semana.
El ministro de Trabajo, Harold Burbano, aseguró que el Gobierno cuenta con los argumentos jurídicos para sustentar la legalidad de los acuerdos.
El funcionario indicó que la cartera de Estado comparecerá ante la Corte Constitucional para defender la flexibilización laboral y solicitó tiempo para evaluar los resultados de la aplicación de la normativa.
Mientras tanto, organizaciones laborales y sectores políticos permanecen atentos a la decisión del tribunal sobre la admisión a trámite de las demandas presentadas.
