En un operativo conjunto denominado «Plan Operativo de Verificación de Dispositivos de Videovigilancia Irregulares», el Bloque de Seguridad, integrado por el ECU 911, la Gobernación de Imbabura, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, logró el retiro de 21 dispositivos de videovigilancia que operaban de manera ilícita en la provincia.
La rueda de prensa, liderada por el abogado Juan Carlos Paladines, director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, y el coronel Jorge Ortiz, gobernador de Imbabura, detalló los resultados de las acciones ejecutadas en los cantones de Ibarra, Otavalo, Antonio Ante y Cotacachi.
Vigilancia clandestina contra la fuerza pública
De acuerdo con las autoridades, las cámaras se encontraban instaladas ilegalmente en postes de alumbrado público de la empresa EMELNORTE. El director del ECU 911 señaló que estos dispositivos estaban colocados de forma estratégica para visualizar el movimiento de patrullas y operativos de control de armas, municiones y explosivos (CAMEX).
«Se presume que estas cámaras pertenecen a GDOs, ya que apuntaban directamente a la vía pública para vigilar la entrada y salida de las fuerzas del orden», afirmó Paladines. Por su parte, el Teniente Coronel Carlos Burbano, delegado de la Cuarta División de Ejército Amazonas, reveló que una operación prevista en el sector de Peguche (Otavalo) se vio comprometida debido a la fuga de información facilitada por estos sistemas clandestinos.
Regularización y devolución
Las autoridades aclararon que esta primera fase tiene un componente de socialización. Los ciudadanos que se consideren propietarios legítimos de los dispositivos retirados tienen un plazo de 30 días para reclamarlos, presentando la factura de compra o una declaración juramentada. No obstante, se enfatizó que ninguna cámara privada puede estar anclada a postes públicos sin la debida autorización y conectividad (interoperabilidad) con el ECU 911.
Próximos pasos
El gobernador Jorge Ortiz aseguró que estos operativos continuarán de forma permanente hasta «limpiar» la provincia de sistemas de vigilancia no autorizados. Asimismo, se hizo un llamado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y al sector privado para que integren sus cámaras al sistema oficial del ECU 911 bajo la normativa de seguridad integral.
«Nadie puede poner una cámara en un poste público a su libre albedrío; esto genera un descontrol que el Estado debe regular para garantizar la paz ciudadana», concluyó el director nacional del ECU 911.
