El Concejo Municipal de Otavalo resolvió interponer un amicus curiae ante la Corte Constitucional en rechazo a las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), al considerar que afectan directamente los programas sociales del cantón.
La decisión se tomó de forma oficial como respuesta a los cambios aprobados por la Asamblea Nacional del Ecuador, que establecen nuevas reglas para la distribución del presupuesto en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El Concejo argumentó que la reforma pone en riesgo servicios dirigidos a grupos prioritarios como niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
“Defender lo social no es una opción, es una responsabilidad”, señalaron desde el organismo municipal al anunciar la acción constitucional.
El amicus curiae es un recurso que permitirá al Municipio presentar argumentos jurídicos ante la Corte Constitucional, en el marco del debate sobre la legalidad de la normativa.
Las reformas aprobadas por la Asamblea establecen que los GAD deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión pública y limitar el gasto corriente al 30 %. Según el Gobierno, esta medida busca priorizar obras y servicios básicos.
No obstante, autoridades locales han advertido que esta disposición podría obligar a reducir recursos destinados a programas sociales, debido a que varios de estos rubros se clasifican como gasto corriente.
La decisión de Otavalo se suma a una serie de pronunciamientos de alcaldes y prefectos en distintas ciudades del país, quienes han cuestionado la reforma por considerar que limita la autonomía financiera de los gobiernos locales.
En casos como Quito, autoridades han advertido que la normativa obligaría a reestructurar millones de dólares en sus presupuestos, afectando áreas como salud, educación y atención social.
Mientras el Ejecutivo defiende la reforma como un mecanismo para mejorar la eficiencia del gasto público, los gobiernos locales insisten en que la medida podría debilitar la atención a sectores vulnerables.
La acción anunciada por el Concejo de Otavalo abre un nuevo frente legal en torno a la aplicación de las reformas al COOTAD, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno Central y los GAD por el manejo de los recursos públicos.
