La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) informó que se desarrollará una audiencia de acción de protección ante la presunta vulneración de derechos en casos de criminalización de comuneros y comuneras, en el marco de procesos judiciales derivados de las recientes jornadas de movilización social en el país.
Según la organización, estos procesos se originan en el contexto de las protestas surgidas como respuesta a problemáticas estructurales que afectan a las comunidades, entre ellas el alto costo de la vida, la precarización laboral, el abandono estatal y la vulneración de derechos colectivos. En este escenario, miles de ciudadanos ejercieron su derecho constitucional a la protesta y la resistencia, reconocido en la normativa ecuatoriana.
Sin embargo, la UNORCAC advierte que varias acciones vinculadas a la organización comunitaria y la participación social están siendo interpretadas como delitos. Esto ha derivado en procesos judiciales que, según la organización, configuran un patrón de criminalización y persecución contra quienes ejercen sus derechos, generando preocupación en las comunidades.
Actualmente, existen varios casos abiertos contra comuneros por su participación en las movilizaciones. La organización sostiene que estas acciones no solo afectan a los involucrados, sino que impactan directamente en el tejido social, debilitando las estructuras organizativas y el ejercicio colectivo de derechos en los territorios.
Frente a esta situación, la UNORCAC reiteró que estos procesos constituyen una vulneración de derechos fundamentales, al intentar sancionar formas legítimas de participación y organización social.
La audiencia se llevará a cabo el lunes 23 de marzo, a partir de las 10:30, en los exteriores de la Corte Provincial de Imbabura. Tras la diligencia, se prevé la realización de una rueda de prensa en la que los representantes de la organización brindarán detalles sobre el caso.
Asimismo, la UNORCAC convocó a medios de comunicación, ciudadanía y organismos de derechos humanos a visibilizar este proceso y mantenerse vigilantes ante posibles vulneraciones, con el fin de garantizar transparencia.
