Un total de 300 personas privadas de libertad fueron trasladadas desde el Centro de Privación de Libertad Imbabura N.° 1, en Ibarra, hacia el Centro de Privación de Libertad Azuay N.° 1, en un operativo ejecutado sin información previa, lo que generó incertidumbre entre los familiares de los internos.
Durante varias horas, allegados de los reclusos permanecieron en los exteriores del centro penitenciario sin conocer detalles sobre el procedimiento ni el paradero de sus familiares.
El traslado fue ejecutado como parte de un “mega operativo de seguridad”, con la participación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, bajo un fuerte resguardo que incluyó cierre perimetral y movilización en buses interprovinciales con custodia armada.
Un día después, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) explicó que la intervención respondió a criterios técnicos. Según la entidad, el objetivo principal fue reducir el hacinamiento en la cárcel de Ibarra, recuperar el control institucional y mejorar las condiciones de habitabilidad dentro del sistema penitenciario.
El SNAI indicó que esta acción forma parte de su plan estratégico para reorganizar la población carcelaria a nivel nacional, buscando además debilitar estructuras vinculadas al crimen organizado.
Asimismo, las autoridades aseguraron que durante el operativo se garantizó el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Uno de los aspectos que generó mayor expectativa fue el destino de los internos considerados de mayor peligrosidad.
El SNAI confirmó que ninguno de los 300 reclusos fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, debido a que no cumplen con el perfil requerido para ese centro de máxima seguridad.
Mientras tanto, los familiares continúan a la espera de información oficial sobre la lista de personas trasladadas, en medio de cuestionamientos por la falta de comunicación previa.
