El Ministerio de Salud Pública (MSP) justificó los despidos de personal médico registrados esta semana en el país como parte de un análisis integral de la distribución del talento humano, orientado a optimizar recursos dentro del sistema sanitario.
Según la entidad, el proceso responde a criterios técnicos que identificaron duplicidad de funciones y otras situaciones que no aportaban a los objetivos institucionales. El MSP aseguró que se trata de una medida planificada y responsable para fortalecer el Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, la decisión ha generado rechazo en gremios médicos y especialistas en administración de salud, quienes advierten que la reducción de personal podría precarizar la atención y profundizar la crisis que enfrenta el sector en los últimos años.
Alberto Narváez Olalla, coordinador de la Unión de Organizaciones de Defensa del IESS, señaló que existe un problema estructural en el primer nivel de atención, donde una parte significativa de los servicios es privada y cerca del 30 % de la población no tiene acceso. Esto, explicó, provoca una alta demanda en hospitales públicos, que ya operan al límite de su capacidad.
Narváez cuestionó los parámetros utilizados para justificar los recortes, al señalar que los análisis técnicos no consideran la realidad del trabajo médico. Indicó que, según estos criterios, se establece que un profesional debe atender a un paciente en un máximo de 10 minutos por consulta, lo que calificó como inviable frente a la complejidad de muchas patologías.
Además, sostuvo que la medida estaría vinculada a compromisos del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de una reducción del gasto público. Según sus datos, el presupuesto de salud se redujo en más del 33 % en 2024 y en 2025 se ejecutó solo el 52 % de los recursos asignados.
Por su parte, Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, cuestionó la falta de conocimiento técnico en la toma de decisiones y calificó los despidos como medidas inconsultas. Señaló la necesidad de designar autoridades con experiencia en el sector y advirtió que el derecho a la salud podría verse afectado.
Entre los efectos señalados por los expertos está el incremento del gasto de bolsillo de los ciudadanos, quienes podrían verse obligados a recurrir a servicios privados, así como una mayor carga laboral para el personal que permanece en funciones, lo que incrementaría el riesgo de errores.
También se alertó sobre la falta de medicinas e insumos y la posible incapacidad del sistema para responder ante eventos como el Fenómeno de El Niño, que podría aumentar la incidencia de enfermedades como dengue, infecciones respiratorias y cuadros diarreicos.
Juan Pasquel, presidente del Colegio Médico de Pichincha, afirmó que los despidos “agravarán la crisis sanitaria” y reducirán la cobertura en los servicios de salud, especialmente en zonas rurales y urbano-marginales. Detalló que en Imbabura se desvinculó a 32 profesionales, incluidos seis médicos, mientras que en Pichincha la cifra asciende a 162 trabajadores, entre ellos 32 galenos.
El dirigente planteó la cancelación inmediata del plan de despidos, la apertura de un diálogo técnico con los gremios, mayor transparencia en el uso de recursos y la preparación del sistema de salud ante escenarios de riesgo.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha anunciado cambios en la medida, mientras el debate sobre su impacto en la atención sanitaria continúa a nivel nacional.
