Las comunidades defensoras del río Naranjal, ubicadas en la parroquia García Moreno del cantón Cotacachi, resolvieron otorgar un plazo de cuatro días a la empresa minera Semperterra para que retire su maquinaria del territorio, en rechazo a actividades extractivas en la zona.
La decisión fue adoptada durante una asamblea general realizada el 19 de abril de 2026, con la participación de habitantes de los recintos Santa Rosa de Naranjal, Naranjito y Rumiñahui, así como de comunidades del valle de Intag. En el encuentro también estuvieron presentes autoridades del cantón Pedro Vicente Maldonado, entre ellas la vicealcaldesa y concejales.
Dos días después, el lunes 21 de abril, delegados de la empresa intentaron ingresar a la comunidad para proponer un diálogo orientado a alcanzar acuerdos. Sin embargo, los pobladores reiteraron que la resolución ya había sido tomada en asamblea: no permitir actividades mineras en el territorio y exigir la salida de la maquinaria dentro del plazo establecido. Tras la negativa, los representantes empresariales se retiraron del lugar.
La concesión en disputa, denominada “Martha Beatriz” y registrada con el código catastral 402052, abarca una extensión de 1.188,16 hectáreas. Según denuncian las comunidades, el área compromete la microcuenca que abastece de agua a los sectores de Santa Rosa, Naranjito, Piedra Amarilla y Rumiñahui, donde residen aproximadamente 120 familias.
Organizaciones locales sostienen que esta concesión ya fue cuestionada previamente por presuntas irregularidades, al ubicarse sobre cabeceras del río Naranjal y por su cercanía con zonas vinculadas a la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas y la Reserva El Cebú.
De acuerdo con una denuncia pública de la organización APT Norte, las actividades previstas también tendrían impacto en las cuencas de los ríos Naranjal, Guayllabamba, Quinindé y Esmeraldas, lo que podría generar efectos en las provincias de Imbabura y Esmeraldas.
Las comunidades también denunciaron presuntos actos de hostigamiento por parte de la empresa, señalando que se habrían realizado llamadas a dirigentes con el fin de concretar reuniones individuales sin la participación de las familias afectadas. Frente a esta situación, insistieron en que la única decisión válida es la adoptada colectivamente en la asamblea.
Según información difundida por los pobladores, el empresario Peng Yongming, propietario de Semperterra, también es dueño de la empresa Terraearth, señalada por comunidades por impactos ambientales y sociales en la provincia de Napo.
Hasta el cierre de esta nota, la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las decisiones adoptadas por las comunidades ni sobre el plazo establecido para el retiro de su maquinaria.
