En una acción coordinada y en estricto cumplimiento de los decretos ejecutivos 110 y 111, el Ejército Ecuatoriano junto a la Policía Nacional del Ecuador llevaron a cabo una exhaustiva intervención en el Centro de Privación de Libertad Imbabura No. 1, logrando importantes resultados en la lucha contra el contrabando y la posesión ilegal de sustancias sujetas a fiscalización dentro de las instalaciones.
La operación, que se llevó a cabo con pleno respeto a los derechos humanos, permitió el decomiso de una notable cantidad de objetos no permitidos y sustancias ilícitas.
Entre los artículos incautados se encuentran 78 teléfonos celulares, un reproductor de DVD, tres parlantes, 15 armas blancas, 15 televisores, dos refrigeradores, siete guitarras, un compresor, tres estufas eléctricas y 14 ventiladores.
Además, las fuerzas del orden confiscaron dinero en efectivo, 904 sobres de sustancias sujetas a fiscalización y 100 gramos de pasta base de cocaína.
El operativo también resultó en la detención de cinco individuos por posesión de sustancias sujetas a fiscalización, reafirmando el compromiso de las autoridades con la erradicación de la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Este esfuerzo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional destaca la determinación del Estado ecuatoriano en restablecer la paz y el orden dentro de los centros penitenciarios del país, zonas que han sido críticamente afectadas por actividades ilegales. La intervención en el Centro de Privación de Libertad Imbabura No. 1 es parte de una estrategia más amplia para asegurar la rehabilitación y reinserción social de los detenidos, garantizando al mismo tiempo la seguridad de la población.
Las autoridades continúan trabajando incansablemente para prevenir el ingreso y la circulación de objetos y sustancias prohibidas en las cárceles, como parte de un esfuerzo más amplio para combatir el crimen y mejorar la seguridad en todo el territorio nacional. Con acciones como estas, el Gobierno del Ecuador reafirma su compromiso con el mantenimiento del orden público y la protección de los derechos de todos sus ciudadanos.
