La vocera presidencial Carolina Jaramillo presentó este lunes cinco nuevas medidas económicas implementadas por el Gobierno Nacional, con el objetivo de optimizar el gasto público, fomentar la inversión minera y garantizar una mayor transparencia en el manejo de empresas estatales. Las decisiones, anunciadas en cadena oficial, responden a la estrategia del presidente Daniel Noboa de corregir distorsiones estructurales en sectores clave de la economía.
Entre las principales disposiciones está la creación de una tasa de fiscalización minera, que permitirá financiar el control técnico y ambiental del sector. La medida, que se aplicará a todos los niveles de la actividad minera, se estima que recaude USD 229 millones.
Además, se anunció la reapertura del catastro minero a partir del 16 de junio. El proceso se realizará por fases, con el objetivo de garantizar transparencia y atraer nuevas inversiones tras más de cuatro años de suspensión.
Otra medida relevante es la realización de auditorías externas a Petroecuador, CNEL y Celec, que estarán a cargo de tres de las cuatro firmas auditoras más prestigiosas del mundo. Esto busca detectar irregularidades y mejorar la eficiencia en la gestión de las empresas públicas.
En cuanto a subsidios, el Gobierno decidió la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero industrial, argumentando que estas grandes empresas pueden cubrir el costo real del combustible. La pesca artesanal no será afectada por esta disposición.
Finalmente, se determinó que las industrias de alto y medio voltaje comenzarán a pagar la tarifa real de electricidad, medida que excluye al sector residencial y a servicios sociales como sistemas comunitarios de agua y escenarios deportivos.
Estas acciones reflejan un giro hacia una política económica de racionalización del gasto y mayor control institucional, sin que hasta el momento se haya anunciado un impacto directo en los hogares ecuatorianos.
