Gracias a una alerta ciudadana y a labores de inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador, se ejecutó un operativo interinstitucional en un centro de atención a personas con adicciones que funcionaba de manera ilegal en el cantón Urcuquí, vía Pigunchuela.
La intervención permitió constatar que el lugar no contaba con permiso de funcionamiento ni licenciamiento, incumpliendo la normativa sanitaria vigente. Durante la inspección realizada por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS), se verificó que en el interior se encontraban 49 pacientes, hombres y mujeres, entre ellos tres menores de edad, viviendo en condiciones de hacinamiento.
Según el reporte oficial, los internos permanecían entre rejas, candados y elementos de castigo, con baños sin privacidad ni ventilación, además de soportar olores desagradables. En el sitio se hallaron historias clínicas y consentimientos informados, que detallaban la atención brindada por una psicóloga.
Las instalaciones presentaban un grave deterioro estructural, con ventanas rotas, techos, paredes y pisos en mal estado. Asimismo, se descubrieron medicamentos almacenados de manera incorrecta, sin diferenciación por paciente ni respaldo sobre su prescripción médica.
El Ministerio de Salud Pública realizó evaluaciones médicas a los pacientes, identificando casos de esquizofrenia, discapacidad y dos adultos mayores que requerían atención prioritaria. Los tres menores de edad fueron puestos bajo resguardo de la Dinapen, con el fin de garantizar su protección integral.
Ante la evidencia, las autoridades procedieron a la clausura inmediata del centro, con el objetivo de precautelar la seguridad y la salud de las personas internadas.
En el operativo participaron varias instituciones, entre ellas: Policía Nacional del Ecuador, Policía de Migración, Policía Judicial, Policía de Tránsito – UMO, Policía de Turismo, UPMA, Dinapen, Criminalística, además de la Gobernación de Imbabura (Intendencia, Comisaría y Jefatura Política), el Ministerio de Salud Pública y la ACESS.
Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar este tipo de establecimientos irregulares que ponen en riesgo la vida y los derechos de los pacientes, reiterando su compromiso de velar por un sistema de salud digno y seguro
