A cuatro días de haberse emitido la orden judicial que disponía el traslado inmediato de siete ciudadanos indígenas kichwas de Otavalo desde la cárcel de Portoviejo hasta la de Ibarra, sus familiares y abogados aseguran desconocer el paradero de los detenidos, lo que ha generado preocupación por una posible vulneración a sus derechos y al debido proceso.
El tribunal de Manabí emitió la resolución el pasado lunes 6 de octubre, pero hasta la fecha el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) no ha confirmado el cumplimiento de la disposición. Consultada por medios nacionales, la entidad respondió que “la información es reservada por motivos de seguridad”.
Los abogados defensores sostienen que esta falta de transparencia constituye un desacato a una decisión judicial ejecutoriada. El abogado Mario Ruiz, representante legal de los procesados, informó que ha solicitado a la Defensoría del Pueblo su intervención y ha presentado ante el tribunal una petición formal de destitución de los responsables y la remisión del caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se inicie una investigación penal.
“Tolerar la inejecución de una decisión de hábeas corpus equivale a convalidar una detención arbitraria y desconocer la supremacía de la Constitución”, señaló Ruiz, quien recordó que el delito de desacato puede ser sancionado con hasta tres años de prisión.
De manera extraoficial, los familiares han recibido versiones contradictorias sobre el paradero de los detenidos: primero se les informó que habrían salido por tierra desde la cárcel El Rodeo hacia el aeropuerto de Manta, luego que fueron trasladados a los centros de reclusión de Latacunga o Quito, y finalmente que llegaron a Ibarra, pero fueron regresados a Manabí.
El único documento oficial con el que cuentan es un oficio firmado por la directora jurídica del SNAI, dirigido a los directores de los centros penitenciarios de Portoviejo e Ibarra, que confirma la orden de traslado, pero sin constancia de ejecución.
Organizaciones de derechos humanos han emitido alertas públicas solicitando información sobre la ubicación y condiciones de los detenidos, en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que garantizan la integridad y el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad.
Los siete ciudadanos forman parte de un grupo de trece procesados por el presunto delito de terrorismo, dentro de una causa que se inició el 22 de septiembre, tras su detención durante las protestas registradas en Otavalo. La Fiscalía General del Estado los acusa de haber participado en la destrucción de la unidad policial y otros disturbios ocurridos durante el paro nacional convocado por la CONAIE en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Hasta este viernes, ni el SNAI ni la FGE han emitido un pronunciamiento oficial sobre el cumplimiento de la orden judicial o el paradero exacto de los detenidos. La defensa anunció que continuará con las acciones legales correspondientes hasta obtener una respuesta clara de las autoridades.
